De acuerdo con el Informe de Evaluación Actuarial del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público o la Caja Fiscal, presentado días pasados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una serie de factores económicos también implican riesgos significativos que podrían incrementar el déficit previsional público.
El primer indicador económico tomado en cuenta es la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Al respecto, el reporte señala que superar los 4% que fueron tomados como base, podría acrecentar las pérdidas del sistema e incluso exponer su patrimonio, teniendo en cuenta que las jubilaciones y pensiones están directamente vinculadas al IPC.
“Las jubilaciones y pensiones se indexan por el IPC. Aunque la inflación promedio del periodo 2013-2023 fue de 4,21%, repuntes temporales –como los observados en 2021-2022– aumentan abruptamente los egresos. Si la inflación futura supera las proyecciones del 4% anual adoptadas en el estudio, el valor de las reservas será insuficiente”, advierte el documento.
Asimismo, afirma que otro aspecto que está poniendo en riesgo el crecimiento del patrimonio de la Caja Fiscal y también puede impulsar el aumento del déficit sería una caída sostenida en las tasas de interés o los rendimientos de las inversiones.
“La tasa real de interés asumida (5,0355% anual) se basa en las tasas pasivas de depósitos a plazo. No obstante, una fracción de los excedentes permanece en el Banco Central del Paraguay (BCP) sin generar rendimientos, mientras que otra parte es invertida en instrumentos sujetos a la volatilidad del mercado. Una caída sostenida de las tasas de interés podría reducir el crecimiento del patrimonio y aumentar el déficit”, sostiene.
El tercer riesgo económico que reconoce el informe actuarial tiene que ver con las variaciones en la política salarial del sector público, sumado a los recortes presupuestarios o las contracciones económicas, lo que podría “afectar las aportaciones y agravar el desequilibrio” que ya se registra actualmente.
Proyecciones. El estudio remarca que todas las proyecciones de las reservas matemáticas y los flujos financieros del sistema previsional “dependen” justamente de estos aspectos económicos, como la tasa de interés, la inflación, el crecimiento salarial, pero sumados a la rotación de afiliados y a las tablas de mortalidad. “Como es inherente a cualquier valuación actuarial, los resultados son altamente sensibles a estas variables: cambios relativamente pequeños en los supuestos pueden producir variaciones significativas en el déficit actuarial. Por ejemplo, una disminución en la tasa real de interés incrementaría el valor presente de las obligaciones futuras, agravando el déficit y acelerando el agotamiento de las reservas”, alerta a su vez.
Por otro lado, también habla de riesgos normativos y de diseño del sistema, como las diferencias en los requisitos de edad y años de servicio, y las tasas de sustitución, que van entre 47% y 94%.
En el documento se afirma que estos regímenes especiales incentivan las jubilaciones tempranas, reducen la base de cotizantes y “generan 121 inequidades y presiones financieras” a la Caja Fiscal.
De acuerdo con este informe, en el escenario actual y sin una reforma, los excedentes o la reserva de la Caja se agotarán ya entre el 2027 y 2028, haciendo que todo el déficit tenga que ser cubierto con los recursos del Tesoro.
Para contener esto, el MEF planteó una serie de cambios paramétricos para algunos sectores, como docentes, policías, militares y magistrados judiciales; el aumento del aporte personal para todos los afiliados; e implementar un aporte estatal de 3%.
En tanto, en caso de que se apruebe la reforma así como lo plantea el Poder Ejecutivo, la crisis se postergaría solamente por un breve periodo máximo de 5 años, por lo que expertos advierten que la crisis quedaría en manos del siguiente gobierno.
Si bien los diversos sectores afectados sostienen que no están en contra de una reforma para salvar la Caja, rechazan varias de las modificaciones que plantea el Poder Ejecutivo con su plan.
Exigen que se lleve adelante un debate más amplio e incluso ya anunciaron medidas de fuerza para reclamar la suspensión o postergación del tratamiento del proyecto, lo cual está previsto para mañana jueves 5 de febrero en la Cámara de Diputados.
