Los nativos decidieron cerrar la calle Paraguayo Independiente y 14 de Mayo de Asunción para exigir una respuesta al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), tras el violento desalojo que sufrieron en su comunidad en el distrito de Itakyry, en Alto Paraná.
Marta Díaz, lideresa de la comunidad Avá Guaraní denominada Ka’a Poty, dijo que no son invasores de las tierras donde se instalaron desde el 2018. Exigió a las autoridades del Indi una respuesta rápida, ya que quedaron sin sus tierras.
Ahora, se instalaron de forma precaria en la Plaza de Armas de la capital con carpas improvisadas que no son suficientes para resguardarse del frío. Ante esta situación, la lideresa pide a la ciudadanía que los ayude con mantas, más carpas y alimentos.
También, cuestionó la inacción de las autoridades por no evitar el desalojo y por la falta de asistencia a las familias instaladas en Asunción.
Lea más: Tras desalojo en Itakyry, indígenas viven a la intemperie en plaza
En la plaza se instalaron 60 adultos y 44 niños, comentó la lideresa. Igualmente, insistió en que devuelvan dichas tierras donde se instalaron para vivir, incluso construyeron escuelas reconocidas por el Ministerio de Educación.
Díaz explicó a NPY que se promovió una acción autónoma de nulidad. “Roñemose por falta de trabajo, institución imbegue, orekopa la documento. Porque ellos fracasaron nosotros tenemos el problema. Estamos en la plaza porque nos desalojaron de nuestra comunidad”, reclamó.
Actualmente, existe un litigio por esas tierras, ya que hay 12 títulos superpuestos, entre ellos el del propio Indi, que inició un juicio de reivindicación, ya que posee todos los documentos y títulos de propiedad
Dicha comunidad es parte de otras cuatro que habitan la zona, ubicada en el distrito de Itakyry, Departamento de Alto Paraná, y Mariscal López, Caaguazú.
El Indi había informado el año pasado a la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado que se encontraban trabajando en la mensura judicial de las 1.300 hectáreas y que habían logrado una tregua con los colonos brasileños, pero una ex fiscala de marcas, que tiene superpuestas apenas 7 hectáreas, fue la que impulsó el desalojo.
