La inclusión financiera se refiere a la accesibilidad y disponibilidad de servicios financieros para todas las personas, en particular para aquellas que están desatendidas o excluidas del sistema financiero formal. El acceso a créditos, seguros, mecanismos de ahorros y a información y educación financiera son elementos para mejorar el funcionamiento y la sostenibilidad de los emprendimientos económicos. Las políticas públicas tienen un rol fundamental en la regulación, la implementación de medidas y la provisión de información a las personas y empresas de manera a impulsar la actividad económica.
Por otro lado, estas mismas estadísticas llaman la atención sobre el endeudamiento excesivo para financiar servicios de salud o educación que debieran ser proveídos por el Estado. De esta manera, el endeudamiento de las personas en estos ámbitos limita las oportunidades de adquirir créditos para los emprendimientos productivos familiares, convirtiendo una ventaja en un obstáculo no solo para los hogares y empresas, sino también para el país.
La introducción del crédito a través de la inclusión financiera tiene el potencial de impulsar el producto interno bruto (PBI) al permitir que personas con limitaciones de financiamiento se conviertan en emprendedores y aumenten las escalas de producción de las empresas existentes.
En el caso de la agricultura familiar, desde hace años se discute en nuestro país la necesidad de implementar un fondo que asegure la producción de alimentos frente a los cada vez más frecuentes fenómenos relacionados con el cambio climático. Sin embargo, esta iniciativa no recibe la atención necesaria de las autoridades.
La inclusión financiera puede beneficiar especialmente a las poblaciones de menores ingresos, incluidas las pequeñas y medianas empresas (pyme) y las mujeres. Por ejemplo, se ha demostrado que las iniciativas que facilitan el acceso a los ahorros reducen los robos y mejoran el bienestar de los hogares, reforzando así el empoderamiento económico de las mujeres. Los ensayos controlados aleatorios han demostrado que los programas de ahorro formal no solo mejoran las actividades bancarias, sino que también conducen a un mejor bienestar de los hogares, a mejores inversiones y a un mayor rendimiento agrícola, en particular entre las mujeres que trabajan en la agricultura
La inclusión financiera, si bien es beneficiosa para muchos, también puede ejercer una presión insostenible sobre los sistemas financieros. La mayor competencia para atender a las poblaciones con acceso limitado a los servicios bancarios podría llevar a las instituciones financieras a reducir los estándares de crédito o a participar en prácticas crediticias predatorias, como se ve en la proliferación de usureros que se dirigen a prestatarios desesperados o analfabetos en materia financiera.
Este escenario puede exacerbar la inestabilidad financiera tanto de las personas como de las instituciones. Las regulaciones deben proteger a los consumidores y mantener la igualdad de condiciones en el sistema bancario. El rol de sector público en la implementación de productos financieros a través de sus propias instituciones tiene como objetivo generar un primer historial de manera que paulatinamente esos sectores puedan pasar a las instituciones del sector privado, cuyo interés es limitado a la hora de ofrecer servicios con la calidad y los precios adecuados a las poblaciones mas excluidas.
El funcionamiento coordinado entre el sector público y privado es determinante para lograr buenos resultados tanto a nivel microeconómico como macroeconómico
