Análisis profundo. La Contraloría General de la República (CGR) halló varias irregularidades en el manejo administrativo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), desde el 2022 hasta el 2024.
Uno de los puntos que señala el informe de la CGR es que al cierre del 2024, el centro oncológico de referencia tenía medicamentos vencidos por un monto de G. 5.497 millones.
“El hecho detectado refleja serias deficiencias en la gestión de inventarios, planificación de compras y el uso eficiente de recursos públicos”, señala el informe.
Esta situación ha afectado la capacidad de respuesta del sistema de salud y el acceso oportuno de los pacientes a tratamientos vitales para pacientes.
A ello se suma el hecho de ser una pérdida significativa de los recursos públicos, agrega el informe.
También en el 2024, detalla el documento, el Incan recepcionó medicamentos oncológicos con plazos de vencimientos inferiores a lo establecido.
El monto de dicha gestión administrativa realizada a través de licitación pública nacional asciende a los G. 3.471 millones.
Sobre este punto señala que no constatándose las autorizaciones de recepción ni las cartas de compromiso de canje queda a la vista las debilidades en la gestión de los responsables.
Así es generado un riesgo elevado de pérdida de recursos públicos por vencimiento de medicamentos oncológicos, lo que afecta la eficiencia en la utilización del dinero público y la calidad del servicio a los pacientes.
Vencimiento. Otra falencia detectada fue la no suspensión de la compra de un medicamento de parte del Ministerio de Salud.
El costo del fármaco, destinado al tratamiento oncológico y que terminó venciéndose, supera los G. 1.368 millones.
La adquisición había sido hecha vía orden judicial para un paciente. Sin embargo, la persona falleció.
La Contraloría cuestiona que tras el deceso del beneficiario, el medicamento no fue realizado el proceso de reasignación a otro paciente o el canje correspondiente.
Esta falta denota falencias en el control, la gestión y supervisión de medicamentos críticos, amén del correspondiente perjuicio económico como en los otros casos.
En el 2024, la Dirección del Incan autorizó la provisión de medicamentos oncológicos a establecimientos privados.
Este proceso fue realizado sin contar con resolución de la máxima autoridad del Ministerio de Salud Pública.
Los productos farmacológicos para pacientes oncológicos fueron enviados al Centro Médico Oncológico Nuestra Señora de la Asunción, según el informe.
El monto de los medicamentos del Incan que fue enviado al establecimiento privado asciende a G. 251 millones.
El informe señala que la Contraloría detectó también que el MSP-Incan adquirió vía amparos judiciales medicamentos bajo la modalidad de uso compasivo, que no contaban con autorización de importación de parte de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).
Dichas adquisiciones fueron realizadas en los años 2022, 2023 y 2024. Ello revela el incumplimiento del marco regulatorio sanitario nacional, exponiendo a pacientes a posibles riesgos no controlados.
Obras. El informe final de la CGR también realizó verificaciones in situ sobre trabajos realizados en el centro oncológico de referencia.
Sobre estos puntos también, encontró distintas falencias que han quedado asentadas en el documento que fue presentado a los senadores el jueves.
La Fiscalización Especial Inmediata (FEI) detectó ítems que no fueron ejecutados conforme a las especificaciones técnicas que forman parte del contrato.
Es decir, en los trabajos fueron utilizados materiales que no correspondían a los que en un principio figuraban en las especificaciones.
“La situación observada deriva en condiciones de servicios inferiores a las contratadas (inseguridad para los usuarios e instalaciones)”, señala el informe.
Agrega que el sistema de control de obras públicas del Incan no realizó una verificación efectiva sobre el cumplimiento de la Ley 1533/00 “Que establece el Régimen de Obras Públicas”, artículo 46.
Dicho artículo es aplicable a la Licitación Pública Nacional del 20/2021 Servicio de Reparación y Mantenimiento edilicio de diferentes áreas del Incán. A ello suman las especificaciones técnicas de los ítems 14, 25 y 26.
“Se han verificado cantidades certificadas distintas a las ejecutadas. Esta situación, en conjunto con el efecto económico del incumplimiento de las especificaciones técnicas deriva en una diferencia en más de 387.883.468 (guaraníes trescientos ochenta y siete millones ochocientos ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho)”.
El trabajo de la Contraloría abarca las administraciones del ex titular de Salud Julio Borba y la actual ministra, María Teresa Barán. También las administraciones de Julio Rolón y Raúl Doria, ex directores del Incan.
En comunicación con Monumental AM, la doctora Gladys Fernández mencionó que el centro oncológico debe garantizar calidad y seguridad en la atención médica.
“El funcionamiento de las entidades públicas debe agregar ese valor público que tanto necesitamos los ciudadanos”, expresó.
Por su parte, el doctor Gustavo Irala, de Asesoría Jurídica del MSP, mencionó que al recibir las observaciones de parte de la Contraloría, la ministra Barán dispuso el inicio de la investigación administrativa. “Ya estamos en plena ejecución de ese proceso”.
