Las últimas denuncias ante el absoluto descontrol en las cárceles surgieron a partir de un incidente, cuando un interno identificado con el Clan Rotela fue trasladado del penal de Emboscada al de Tacumbú. Esto no agradó al grupo criminal y se habría dado un incidente, y aunque desde el Ministerio de Justicia negaron que haya llegado a un amotinamiento, lo cierto es que poco después el interno nuevamente fue trasladado.
El incidente expuso el poder que ejerce dentro de la cárcel Armando Javier Rotela, conocido como el zar del microtráfico, quien supuestamente encabeza una red dedicada a la venta de drogas al menudeo. Fue Armando Rotela quien instauró el sistema de delivery de crac en Asunción y tejió su red dentro de las penitenciarías. Se desconoce la cantidad de miembros del Clan Rotela dentro de las cárceles, pero se estima que maneja el 50% del tráfico de drogas en las penitenciarías.
La ex asesora presidencial en Asuntos de Seguridad, Cecilia Pérez, en un informe ante la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero en el 2022 había afirmado que las cárceles de nuestro país se convirtieron en un centro de operaciones dentro del esquema del lavado de dinero y el crimen organizado. Explicó que el problema de las prisiones no solo pasa por la pelea entre internos de bandos del Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela, sino en la vinculación que hay entre los funcionarios penitenciarios y en las alianzas que se dan con otros grupos, incluso transnacionales. Había explicado que el PCC tiene un sistema de comunicación fluido, lo que permite el paso de droga, dinero y armas dentro y fuera de las cárceles; y que en comparación al Clan Rotela, el PCC cuenta con menor cantidad de personas debido a los requisitos de admisión, a diferencia del Clan Rotela, que es menos riguroso. Otro dato valioso apuntaba a que dentro del esquema de comunicación del PCC trabajan familiares como funcionarios penitenciarios, y que muchos de estos trabajadores después de ser destituidos nunca eran investigados por la Fiscalía.
Es evidente que los funcionarios del Estado tienen pleno conocimiento de la grave situación en nuestras cárceles, y que se ha prácticamente delegado el control a los grupos del crimen organizado. No solamente siguen administrando su ilegal negocio desde las penitenciarías, sino que además determinan las condiciones de subsistencia de los demás internos. Porque mientras los narcotraficantes gozan de lujos y privilegios, viviendo en sectores denominados vip, celebrando cumpleaños con bebidas alcohólicas y música en vivo, como sucedió en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú cuando el interno Milciades Pedro Gómez, vinculado a la tragedia del Festival Ja’umina, celebró su cumpleaños con una serenata de la cantante Mily Brítez. En Ciudad del Este, recientemente, hallaron una bien surtida bodega de bebidas en el sector denominado el Rancho, donde se encuentran detenidos miembros del PCC.
En una realidad paralela, sin embargo, subsisten los demás internos en condiciones inhumanas, en medio de la hediondez, sin las mínimas y básicas comodidades.
Al mismo tiempo, y de forma descarada, nuestras cárceles funcionan como oficinas de call center para las llamadas extorsivas, a pesar de que los internos tienen prohibido el acceso a teléfonos celulares. Lamentablemente, la prohibición no se puede cumplir debido a la corrupción.
Esta es una sumamente peligrosa situación, pues devela la fragilidad de las instituciones del Estado. Combatir la influencia del crimen organizado y la corrupción será imposible mientras los grupos criminales sigan gozando de la infecta complicidad de funcionarios deshonestos y viciosos.
