Cuando se cumplen dos años del secuestro del ex vicepresidente de la República Óscar Denis, por el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, su familia convocó a una conferencia de prensa en la que cuestionaron duramente al Gobierno y a la Justicia. “Dos años sin pistas, sin avances en la investigación, sin una muestra de determinada acción gubernamental en la lucha contra el crimen organizado, sin una estrategia de búsqueda eficaz, sin perspectiva y sin voluntad real de acabar con el lucrativo negocio del secuestro y la extorsión en Paraguay”, expresaban en la crítica.
El político liberal Óscar Denis había sido secuestrado en un camino interno de su estancia Tranquerita, ubicada en la ciudad de Yby Yaú, en Concepción, y se convirtió en el secuestro de mayor impacto político en la era democrática. En el momento de ser llevado, el ex vicepresidente de la República se encontraba con Adelio Mendoza Benítez, de 21 años, un trabajador indígena del establecimiento, quien también fue privado de su libertad por varias horas y luego liberado.
Los secuestradores se comunicaron solamente una vez, mediante un panfleto encontrado dos días después, en el que los delincuentes pedían que se realice una donación de víveres a comunidades por valor de USD 2 millones para la liberación. Desde entonces, su familia emprendió una serie de movilizaciones y acciones para ejercer presión sobre las autoridades.
De la misma forma en que el Gobierno parece haber olvido a un ex vicepresidente secuestrado por el EPP, van cayendo en el olvido otros dos secuestrados más antiguos. Obdulia Florenciano de Morínigo, madre del suboficial Edelio Morínigo, reclama frecuentemente la falta de noticias de su hijo, secuestrado hace ya 8 años también. En la recordación convocada por la familia Denis, expresó: “Cada día duele más esto, duele recordar a mi hijo. Ningún paraguayo se merece vivir así”. Lo mismo hicieron las hijas del ganadero Félix Urbieta, secuestrado hace seis años por la banda criminal que opera en el Norte.
En el mes de abril de este año, el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta había señalado que el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo no puede reclutar a nuevos integrantes, y que se vieron obligados a refugiarse en comunidades indígenas. Afirmó que el grupo criminal “está derrotado estratégicamente” y que su fuente de financiamiento, actualmente, sigue siendo el denominado impuesto revolucionario, que obtienen a través de amenazas a ganaderos y productores.
Sin lugar a dudas, un vergonzoso reconocimiento de la total ausencia del Estado en la zona; y de que al mismo tiempo la presencia de la aparatosa y costosa FTC no ha llevado la paz y la tranquilidad a la zona Norte, por un lado, y por el otro, es inadmisible afirmar que el EPP esté derrotado mientras no regresen todos los secuestrados.
La portavoz de la familia Denis señaló que el secuestro en Paraguay “no consiste solo en la desaparición física de un ser amado, por parte de un minúsculo e insignificante grupo de criminales como el EPP y que hace tambalear al Gobierno”. Implica además, apuntó, que secuestran la esperanza de contar con una Justicia justa, organismos de seguridad competentes y un Gobierno compasivo.
Los secuestrados por el grupo criminal interpelan cada día a un Gobierno que parece haberlos olvidado, y a débiles instituciones del Estado que son incapaces de obtener resultados, como la Fuerza de Tarea Conjunta, cuyo mantenimiento les cuesta a los paraguayos millones de dólares, que hasta ahora no han servido para terminar con la amenaza. Es indignante el abandono del Gobierno a los secuestrados.
