La imputación es por lesión de confianza, estafa, producción y uso de documentos públicos de contenido falso, que también les alcanzó a otras cuatro personas, que son el ex director de Obras, Hugo Delvalle; el administrador Marcos Meza; el fiscal de Obras, Daniel Sánchez; el director de Obras, Flavio Duarte; y el contratista Arnaldo Gauna.
Supuestamente, se hizo un llamado de licitación pública por vía de la excepción, en mayo del año 2023, para empedrados por los que ya se había construido y pagado en el año 2022, bajo su misma administración.
Se llevó adelante la licitación, pese a que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ya había anulado el llamado.
Se presume que se habría desembolsado un millonario monto a la empresa MLF Proyectos y Construcciones, cuya propietaria ya tiene antecedentes por desvíos.
Ya la fiscala, en el propio documento de imputación, mencionó que se podría ampliar la investigación a otras personas más.
Solicitó al Juzgado la prohibición de que los imputados se comuniquen entre sí y que se acerquen a la Municipalidad de Ñemby, “a fin de evitar que sean ocultados, modificados y/o alterados documentos de relevancia”.
También pidió la prohibición de salir del país, y que se presente periódicamente ante el juez.
INOCENCIA. Por su parte, el intendente de Ñemby emitió un comunicado en el que alega que atraviesan una situación de control, por parte de la Fiscalía y la Contraloría, “y mi administración está con las puertas abiertas”, señala.
Sostiene que con documentos y hechos va a demostrar su inocencia. “Les aseguro de mi honestidad, de la transparencia; nada no nos va a truncar nuestro sueño”, afirma en el comunicado.
Concejales municipales, sin embargo, en sesión, a raíz de la imputación, votaron por solicitar a la Contraloría una auditoría y pidieron al intendente que se aparte del cargo mientras avanza la investigación en su contra, ya que existe un “riesgo de quema de archivos”.
