Aparte del ex jefe comunal, fueron procesados Roberto Paredes (ex director de Administración y Finanzas); Rodrigo Portillo (ex jefe de Tesorería); Walter Belotto (ex director de Auditoría); Édgar Villalba (ex director de Gestión de Tecnología); Ricardo Ricciardi (ex funcionario de Gestión de Tecnología); y Sonia Notario (ex contadora), actual funcionaria de la Dirección de Auditoría Interna.
Se los imputó por lesión de confianza, exacción, alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos y asociación criminal.
SUPUESTO ESQUEMA. El entonces intendente, en su primer año al frente de la Comuna (2015), contrató a personas de su confianza en puntos claves de la Municipalidad. En el 2018, instalaron un Sistema Informático de Gestión Tributaria.
Ya en el 2019 –según la Fiscalía– “comienzan a realizarse anulaciones de comprobantes en el sistema informático, en forma totalmente irregular, y en horarios no habilitados”.
¿Cómo funcionaba? En la imputación se menciona que al hacer el pago del impuesto o de otros servicios en la Comuna, al contribuyente se le daba la factura.
“Posteriormente, fuera de horario, se anulaba el comprobante en el sistema informático por usuarios que poseían el permiso para realizar dicha operación, y el importe no ingresaba a las arcas municipales”, se sospecha.
Tras una investigación, el Ministerio Público encontró que en total se hicieron 9.584 anulaciones, de las cuales algunas sí fueron por causas justificadas. De todas esas, serían irregulares 6.615 invalidaciones, lo que generó un perjuicio de G. 9.246.215.000.
Respecto a la actual funcionaria, Sonia Notario, ella era responsable del Departamento de Contabilidad, donde encontraron que había llamativamente registros paralelos: uno en el sistema y otro en una planilla Excel.
