Las palabras de apertura estuvieron a cargo del titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre, quien expresó la necesidad de que el país cuente con herramientas que defiendan las informaciones y datos sensibles que puedan ser vulnerados y reflexionó sobre los actuales ciberataques que han afectado a varios portales web de diversas entidades públicas y que desnudó la vulnerabilidad estatal. “Se ha demostrado sistemáticamente la vulnerabilidad que tiene el Paraguay y las limitaciones que tiene en cuanto a la capacidad de proteger la información sensible”, indicó.
Consideró urgente contar con “la capacidad que tengamos nosotros de proteger esta información sensible que puede ser vulnerada por gobiernos y adversarios”, refirió.
El proyecto prioriza la defensa y seguridad de sistemas esenciales, como redes eléctricas, servicios financieros, telecomunicaciones, transporte, salud, recursos naturales, entre otros, mediante regulaciones que exigen implementar estándares mínimos.
La instalación de un Consejo interinstitucional que reportará a su vez a una Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANC) son organismos que se crearían mediante la ley.
Además en el artículo 8° se protocoloriza la acción del Estado ante detección de incidentes. Establece que “toda entidad deberá notificar los incidentes de seguridad de alto riesgo a la ANC en un plazo no mayor a veinticuatro horas desde su detección. Una vez recibida la notificación, la ANC deberá comunicar al Ministerio Público”.
Tipificación. Según el proyecto que ya tuvo entrada en la Cámara Baja, se tipifican los ciberdelitos, en nueve clasificaciones que pueden ser acceso ilícito, de intercepción de comunicaciones, daño o destrucción de datos, ciberextorsión, robo de identidad digital, ataques a infraestructura crítica, distribución de malware, fraudes informáticos y ciberacoso.
