Desde hace décadas, el Poder Judicial concede medidas cautelares que permiten a empresas importar productos evadiendo los procesos de control. Inicialmente, las medidas eran otorgadas por jueces de Alto Paraná, pero tras las presiones del sector formal, algunos de estos magistrados fueron llevados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Tras el revés recibido por las empresas que operan bajo esta modalidad, estas decidieron presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por las cuales obtuvieron medidas cautelares que las eximen de los controles.
A pesar de que distintos representantes del Ministerio de Salud, Dinavisa, entre otros, cuestionaron las medidas y advirtieron sobre la peligrosidad de estos productos, estas empresas siguen operando sin que la máxima instancia judicial se expida sobre la cuestión de fondo.
Son unas 15 las empresas que realizan importaciones bajo amparos, la mayoría de ellas con sede en Ciudad del Este. Muchas de estas firmas fueron investigadas o están vinculadas a personas con dudosos antecedentes.
Taskin SRL, con sede en Ciudad del Este, fue investigada por la presunta importación de productos de forma irregular, en julio del 2016. En el marco de estas investigaciones, el perito del Ministerio Público determinó que algunos productos importados por la empresa serían falsificados.
Gafa SA consiguió en el 2018 una medida cautelar que exime de control a importadoras de perfumes y cosméticos, lo que generó el repudio de las empresas nucleadas en la Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos (Caimpeco). Con esta medida se evita el control sanitario de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes.
Vargos SA es una empresa que se benefició durante años de medidas cautelares que anteriormente eran otorgadas por jueces de CDE para la millonaria importación irregular. Ella hasta ahora opera basada en medidas judiciales.
Bambu INC SA y Vancouver SA son otras firmas beneficiadas por este tipo de medidas.
Según informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que fueron entregados al Ministerio Público, esta firma figura en una lista de firmas investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos. Las firmas movieron unos USD 420 millones en remesas al exterior en solo cinco años, según el expediente fiscal N° 68/2014, en el que también se menciona el ex vicepresidente de la República Hugo Velázquez.
Caso reciente. LA Business es otra de las empresas que llevan años importando bajo el amparo judicial. Recientemente, la Sala Constitucional de la CSJ le concedió una medida cautelar que le permite importar cualquier tipo de alimentos sin la necesidad de contar con un registro sanitario. Otra firma que presentó un pedido similar es la firma Cell Motion.
LA Businness SA, cuyo firmante es el ecuatoriano Luis Fernando Álvares Jaramillo, quien es accionista de la empresa Sun Forever, junto con Ali Mohsen Barakat. Álvares Jaramillo, como responsable de LA Business, fue señalado como principal cliente de Neos Import Export SA, importadora asociada a la investigación de lucha contra el narcotráfico, en la causa de Cucho Cabañas, en el marco del operativo Berilo 2.0. Con Neos Import, el ecuatoriano registró varias transferencias que no corresponden al rubro de minorista y mayorista de prendas de vestir, la mayoría en operaciones en dólares americanos.
Una operación financiera entre Álvares Jaramillo y el senador cartista Erico Galeano ya había sido catalogada como operación sospechosa. Álvares Jaramillo habría vendido una propiedad a Galeano y Gricelda Bogado Franco por unos USD 50.000 el 14 de julio de 2021.
Entre las empresas que importan evadiendo controles figuran además Arimpar SA, Michigan SA, La Roma SRL, Real Service Import, Vega Import, Gravity SA, Brisas del Paraná SA, GGG Import y Pro Confort Paraguay SACI.
