Luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara –el pasado lunes– el permiso que obtuviera la empresa Petrohue Real Estate SA para extraer agua de un profundo pozo en Atyrá, los responsables de la firma emitieron un comunicado a la opinión pública y a sus clientes como socios estratégicos en el país.
“El pozo ubicado en Atyrá fue solicitado, autorizado y registrado bajo la categoría de uso doméstico, conforme a la naturaleza residencial del emprendimiento Highlands”, arranca la nota aclaratoria que pretende poner en contexto dicho emprendimiento que se lleva a cabo en Ypacaraí.
“No se trata de uso industrial ni de explotación comercial del recurso, ni tampoco de provisión para llenar la laguna”, oponen a la preocupación instalada en torno a la playa artificial que construyen y que –de acuerdo aclararon en su momento– sería llenado con agua de lluvia.
“El pozo nunca fue puesto en funcionamiento. No existe extracción activa de agua, por lo tanto no pudo ocasionar ningún tipo de daño”, reza la misiva en respuesta a la denuncia de los pobladores de la zona, quienes creen que la iniciativa pondrá en peligro al Acuífero Caacupé.
A su vez, la empresa asegura que consiguieron la autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y demás autoridades, luego de presentar “toda la documentación requerida, incluyendo estudio hidrológico independiente y antecedentes técnicos completos” para solicitar el registro del pozo.
Entienden de que luego de los reclamos ciudadanos, impulsados por los habitantes de las zonas aledañas, el permiso fue suspendido y el Mades les solicitó una licencia de impacto ambiental. “Esta licencia nunca había sido solicitada a ninguna aguatera de la zona como requisito de habilitación”, refieren en la nota, al añadir que hasta la fecha, el expediente se encuentra a la espera de una definición administrativa.
“Las opiniones ciudadanas forman parte del debate público y son legítimas como expresión; sin embargo, los procesos institucionales se rigen por los mecanismos previstos por la ley”, sostienen.
“Resulta fundamental para el país que las inversiones, incluyendo aquellas de capital extranjero que cumplen con todos los requisitos técnicos, reciban respuestas claras, fundadas y oportunas por parte de las autoridades competentes. La previsibilidad administrativa y la seguridad jurídica no son beneficios para una empresa en particular; son condiciones esenciales para el desarrollo y la generación de empleo en Paraguay”, resalta la firma.
Petrohue se muestra confiada de que Paraguay, con doble grado de inversión, “es un país que promueve el desarrollo y el respeto por las reglas, entendiendo que el diálogo y la institucionalidad son el camino adecuado para abordar los distintos puntos de vista”.
“Como inversores, reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y el respeto por las instituciones, y confiamos en que los procesos en curso permitirán arribar a conclusiones claras y responsables”, rematan.
Rechazo. La comunidad de Zanja Hû, donde se levantó el señalado pozo artesiano, sostuvo durante casi un año movilizaciones, cierres de ruta, vigilias y acciones judiciales para evitar lo que consideraban un posible daño ecológico irreparable al Acuífero Caacupé; principal fuente de abastecimiento de agua para Cordillera y parte de Paraguarí.
El conflicto se originó tras la perforación de un pozo profundo con un acueducto de unos 9 km para uso exclusivo del complejo inmobiliario, que contempla hoteles y una laguna artificial tipo “Crystal Lagoon”. KG
