Los abogados Bernardo Villalba, Fausto Portillo e Idilio Acosta recurrieron la sentencia del 4 de enero pasado, dictada por las magistradas Karina Cáceres, Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón, quienes lo enviaron a Tacumbú.
Los abogados cuestionan la falta de congruencia del fallo, ya que no coinciden los hechos que se acusaron por la Fiscalía, los que figuran en el auto de apertura y la sentencia difieren. Además, dicen que se probó que se realizaron las obras, y que no existió daño patrimonial, ni hechos punibles.
También de falta de fundamentación del fallo, arbitrariedad. Dicen que las juezas alegan que los funcionarios de la Gobernación, bajo la dirección de Hugo Javier, falsificaron las facturas, pero no los identifican siquiera.
Con respecto a la prisión preventiva, remarcan que no fue fundada, sino que directamente cuando dieron el fallo le aplicaron la prisión. Alegan que las juezas no hicieron por escrito el día que dieron el veredicto, como dice la legislación.
Además, sostienen que se le condenó por supuesta utilización de los documentos no auténticos, cuando que las juezas usaron documentos no auténticos, ya que utilizaron fotocopias simples que no tienen ningún valor.
Así, piden la nulidad del fallo y el reenvío para otro juicio oral. Además, en caso de que los camaristas lo crean conveniente, la absolución directa, porque no existe delito. Igualmente, que dispongan la inmediata libertad del encausado. Ahora, se dará trámite a la apelación promovida por la defensa.
