Wilson Ferreira
CIUDAD DEL ESTE
El lunes pasado, asumió oficialmente el equipo interventor encabezado por el economista Ramón Ramírez, designado para auditar y administrar temporalmente la Comuna tras la suspensión del intendente Miguel Prieto Vallejos.
Desde entonces, el escenario político y administrativo en la capital del Alto Paraná se convirtió en un campo minado. Lo inmediato fue el caos.
Literalmente. El tránsito, ya de por sí infernal en la ciudad fronteriza, colapsó tras la súbita ausencia del personal de la Policía Municipal de Tránsito. Los embotellamientos se extendieron por horas y las quejas llovieron en redes sociales, radios locales y medios comunitarios.
Vacaciones, permisos y certificados médicos se apilaron el lunes como un efecto dominó. El interventor Ramírez no dudó en calificar el fenómeno como un “boicot deliberado” a su gestión, aunque Prieto lo niega con vehemencia.
“El mismo lunes, encontramos que más del 50% del personal operativo de la Policía Municipal de Tránsito estaba de vacaciones, pidió permiso o presentó parte médico. Yo no creo en casualidades. Hay una especie de boicot. Y si bien yo soy el blanco de ese boicot, quien está sufriendo las consecuencias es la ciudad”, lamentó Ramírez.
Prieto, por su parte, negó estar detrás del repliegue masivo del personal municipal y apuntó directamente al movimiento Honor Colorado, acusándolo de estar detrás de una intervención que –según él– tiene más un claro trasfondo político y no administrativo.
Negó categóricamente estar detrás del colapso en el tránsito y acusó al movimiento Honor Colorado de estar operando para instalar una intervención con fines políticos.
“Yo no ordené que se tomen vacaciones, ni que renuncien, ni que se reporten enfermos. Recursos Humanos ya no me responde desde hace semanas. Lo que hay aquí es una intervención con fines políticos”, declaró Prieto.
LA SITUACIÓN. El jueves 26 de junio, se concretó el acto de corte administrativo entre el equipo interventor y la administración saliente de Prieto.
Ambos firmaron el documento en un acto que llamó la atención por lo inusual de su tono cordial, aunque las diferencias fueron evidentes.
“El corte nos arroja una deuda total de aproximadamente G. 108.000 millones. Tenemos una ejecución presupuestaria, al 23 de junio, del 40%, es decir, de unos G. 148.000 millones de un presupuesto total. En caja, hay disponibles G. 16.800 millones. Eso está depositado en los bancos que operan con la Municipalidad”, detalló el interventor.
Ramírez explicó que, de esos G. 108.000 millones, hay una deuda inmediata –es decir, compromisos asumidos que deben honrarse ahora– por G. 27.000 millones.
“De ellos, G. 6.000 millones corresponden a salarios atrasados del mes de mayo. Aproximadamente, el 63% del personal municipal no cobró su salario. Tenemos también una deuda con el Ministerio de Economía y Finanzas, de unos G. 7.800 millones, en concepto de impuestos inmobiliarios. Son obligaciones presupuestarias que ya están comprometidas, solo falta la interrogación”, manifestó Ramírez a los medios.
El asesor económico del intendente Miguel Prieto y precandidato a jefe comunal del movimiento Yo Creo, Daniel Pereira Mujica, desestimó el informe financiero del interventor y ofreció su propia interpretación de los números.
“De los G. 108.000 millones que dice el interventor, más de G. 50.000 millones son deudas espurias que vienen de gestiones anteriores, desde el 2015 al 2019. Son contratos sin ejecución, juicios que no están resueltos, y otros pasivos que se mantienen por formalidad contable, pero que no impactan en la operativa actual”, indicó.
DEUDA REAL. Según Pereira Mujica, la deuda real atribuible a la gestión de Prieto es mucho menor.
“Cuando Miguel asumió, nos encontramos con una deuda reclamada de G. 384.000 millones, el doble del presupuesto municipal de entonces. Hoy esa cifra bajó a G. 108.000 millones”, detalló.
También mencionó casos emblemáticos como el juicio que Metro Parking planteó a la Comuna, que en su momento reclamaba G. 54.000 millones y cuyo saldo activo hoy ronda los G. 7.700 millones.
“Ya se cerró un acuerdo extrajudicial. La deuda está controlada. Lo mismo pasa con la Caja de Jubilaciones, los buses eléctricos y otras obligaciones. No es deuda nueva ni descontrolada, es deuda histórica (heredadas de otras administraciones) que estamos gestionando”.
DUALIDAD. La tensa dualidad entre intervención técnica y motivación política quedó en evidencia con cada declaración. Prieto denunció que el proceso fue impulsado por el cartismo, y que detrás del caos hay una operación sistemática para desacreditar su gestión y recuperar el poder político en la ciudad. Ramírez, por su parte, intentó mantener un tono técnico, aunque no dudó en denunciar presiones, sabotajes y ocultamientos administrativos. .
