Por Alfredo Boccia Paz | galiboc@tigo.com.py
Durante la campaña electoral la consigna central de Cartes era la reducción de la pobreza. En su discurso de asunción reiteró que su “obsesión es ganar cada batalla de la guerra que hoy declaramos a la pobreza en el Paraguay”. Durante los primeros 100 días de gobierno ese leitmotiv fue gradualmente suplantado por el del aliento a la inversión privada, sobre todo, extranjera. Si este camino llevara indefectiblemente a la disminución de la miseria extrema, sería perfecto. Pero el vínculo entre ambas cosas no parece tan claro.
Muchos economistas aseguran que el Paraguay es un caso de estudio en ámbitos académicos. Es un país de un crecimiento macroeconómico increíble en términos de PIB anual. Paraguay crece más que la mayor parte de las naciones del mundo, lo cual resulta sorprendente si recordamos que supimos tener en el pasado dos décadas de estancamiento económico. Solo que ese crecimiento no fue capaz de modificar nuestros índices sociales. Continuamos teniendo el mismo porcentaje de pobres extremos –18% de la población– que en 1997.
Al exitoso sector vinculado a los agronegocios le va muy bien. Pero es una franja minoritaria que genera pocos empleos y casi no paga impuestos. Su auge tiene costos sociales altos: destrucción de casi todos nuestros bosques, degradación del medioambiente y migración de las familias campesinas hacia zonas suburbanas miserables. Es, pues, un éxito que no gotea a los que están más abajo.
Cartes tiene hoy las manos libres gracias a las leyes económicas que concentran en él un inusual poder decisorio. Al intentar adivinar la dirección del nuevo rumbo, se llega a la conclusión provisoria de que ese sector privilegiado será el que, de nuevo, obtendrá más beneficios. Los mentados programas de reducción de la pobreza se han limitado, hasta ahora, a genéricas expresiones de deseo y a la provisión de arroz, azúcar, harina, aceite y semillas de autoconsumo a algunas familias carenciadas.
El combate a la pobreza es un tema complejo en el que los gobiernos anteriores han fracasado. Requiere sacrificios, amplios pactos políticos y sociales, y claridad de métodos para llegar al objetivo. Puede ser muy temprano para afirmarlo, pero nada de eso se ve. El presupuesto del 2014 no muestra cambios drásticos en la inversión social, reduce significativamente el monto asignado al Indert para compra de tierras y pago de expropiaciones y el Ejecutivo, ante la primera protesta empresarial, vetó la ley que gravaba la exportación de granos en estado natural.
Puedo estar equivocado, pero sin estas medidas básicas, la anhelada inversión extranjera y los negocios con las empresas del Estado no solo no disminuirán la pobreza, sino que aumentarán las contradicciones en el país que más crece en el continente y es, a la vez, el más desigual.
