Los candidatos al Senado por el Frente Guasu (FG), Ermo Rodríguez y Ricardo Canese, presentaron ante la Contraloría General de la República una denuncia en la cual exponen un hecho irregular que ahora sale a la luz pública: Horacio Cartes —bajo su gobierno (2013-2018)— entregó “el fabuloso contrato de concesión de la ruta PY07 a Tape Porã, violando gravemente la Ley de Concesiones 1618/2000”, según revela el documento.
Se trata de la empresa que explota el tramo PY07, más conocido como Gaspar Rodríguez de Francia, que va desde Caaguazú hasta Ciudad del Este.
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Cuando Juan Carlos Wasmosy era presidente de la República otorgó la administración de esa ruta a un consorcio que les pertenecía a él y al socio de la firma Conempa, Ramón Jiménez Gaona (padre), y a otros socios menores.
De acuerdo con el documento, “esa concesión tenía un plazo de duración de 25 años; es decir, hasta el 2023”. Una vez finalizado dicho contrato, el tramo iba a ser “devuelto” al MOPC sin costo alguno y siendo el ente público el encargado de su administración.
No obstante, el ex presidente Horacio Cartes “violó” esa cláusula al promulgar la ley que amplía la concesión de la ruta PY07 hasta el 2053 al Consorcio Tape Porã, en el año 2016.
Esta empresa tendrá los permisos de explotar el tramo por 55 años, un “plazo prohibido por ley de concesiones de servicios vigente, sin ninguna licitación intermedia que le dé al menos cierto viso de legalidad”, menciona la denuncia de Rodríguez y Canese.
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En ese momento, cuando la ley tuvo sanción ficta y posteriormente se dio su promulgación, ya fue cuestionada y se había pedido al entonces titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona (hijo), que exponga las consideraciones fácticas y jurídicas que otorguen un sólido fundamento jurídico y ético al decreto firmado por Horacio Cartes.
Lo llamativo de este nuevo hecho —que ahora sale a luz pública— es que Horacio Cartes es uno de los accionistas mayoritarios de Jiménez Gaona y Lima SA y “que en el 2016, al firmar el decreto de concesión a favor de Tape Porã, realizó una ilícita autoadjudicación, en una gravísima transgresión de la ley a favor de sí mismo”.
Esto se conoció luego de que se viera obligado a transferir sus acciones a sus hijos tras las sanciones económicas que el Gobierno de Estados Unidos puso en su contra. De esta forma, se supo que Cartes era el mayor accionista de Jiménez Gaona y Lima SA y, por consiguiente, de Tape Porã.
Los candidatos al Senado solicitan a la Contraloría que ejecute una “exhaustiva investigación” de los hechos “que involucran al ex presidente Horacio Cartes y al ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones durante su gobierno, Ramón Jiménez Gaona”.
