“El Gobierno de Honduras insta, una vez más, al Gobierno de Brasil a que defina el estatus jurídico con el que se encuentra en sus oficinas el señor José Manuel Zelaya Rosales”, señaló la Cancillería del Gobierno de facto en un comunicado.
Zelaya, derrocado el 28 de junio pasado, se refugia en la legación brasileña desde el 21 de septiembre luego de regresar clandestinamente al país.
Brasil ha ignorado peticiones anteriores para definir el estatus de Zelaya porque no considera legítimo al Gobierno de facto.
La Cancillería del Gobierno que encabeza Roberto Micheletti rechazó anoche una solicitud de México para otorgar un salvoconducto a Zelaya para que viaje a ese país, por considerar que no reunía los requisitos legales, entre otras razones.
Sin embargo, hoy reiteró “su intención de recibir y revisar con prontitud cualquier solicitud de salvoconducto que se le presente cumpliendo con los requisitos legales por un país no fronterizo que desee ofrecer asilo a José Manuel Zelaya Rosales”.
El canciller de facto, Carlos López, reveló hoy a medios locales que “verbalmente se había logrado un acuerdo de salvoconducto en carácter de asilado político en favor del ex presidente (en referencia a Zelaya)”.
Pero “la embajada mexicana presentó el escrito sin llenar las condiciones jurídicas exigidas por el Gobierno hondureño y por eso la solicitud fue rechazada”, apuntó.
Además, añadió López, la solicitud incluía a Zelaya y su familia, pero el salvoconducto “solamente era para él porque su familia no tiene ningún inconveniente para entrar y salir del país”, mientras que él tiene órdenes de captura por delitos políticos y comunes.
El ministro hondureño de Gobernación (Interior), Óscar Matute, señaló que también se incluía al asesor de Zelaya, Rasel Tomé, quien lo acompaña en la embajada de Brasil y “tiene unas acciones judiciales penales pendientes” que debe enfrentar.
La Fiscalía hondureña acusa a Zelaya de traición a la patria, violación a los deberes de los funcionarios, desobediencia y otros delitos. EFE