La hidrovía Paraná–Paraguay constituye un corredor natural de transporte fluvial que se extiende a lo largo de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay. Es parte del sistema hídrico denominado Cuenca del Plata, que se abre a partir de la desembocadura del mencionado río, desplegándose dentro de la jurisdicción de cinco países: todo Paraguay, gran parte del sur y del centro-oeste de Brasil, el sudoeste de Bolivia, gran parte de Uruguay y casi todo el norte de la Argentina.
Este corredor constituye una de las reservas hídricas más importantes del globo, no solo por el caudal de los ríos que desaguan en él, sino por la diversidad biológica del área y por la riqueza de los territorios que bañan. Por su extensión, es la segunda después de la amazónica en esta parte del continente, y constituye el área donde se concentra una importante actividad económica y la mayor densidad de población.
La hidrovía es un mecanismo imprescindible para facilitar la conectividad interna y externa para el comercio exterior -ya sea para exportar como para importar-. Los menores costos del transporte fluvial y marítimo benefician a los mercados regionales y la competitividad de sus productos. El transporte fluvial es más eficiente, insume un menor consumo de energía por carga (eficiencia energética), es más sustentable y seguro.
A estas ventajas se contraponen los serios problemas que enfrenta la hidrovía, ya que actualmente se encuentra en el centro del debate no solo por la sequía y los problemas de navegabilidad que generó sino también por ser una de las vías de tráfico de cocaína y de contrabando.
Un informe publicado esta misma semana señala que este sistema fluvial se está consolidando como puerta de entrada de cocaína fabricada en Bolivia y Perú a los mercados internacionales. Varios informes de los últimos años y numerosos casos judicializados en Argentina y Brasil dan cuenta del tráfico ilegal de varios productos, entre los que se encuentran la soja y los cigarrillos.
Estos problemas generan imagen negativa de nuestro país, reflejando inseguridad jurídica, con lo cual las ganancias de eficiencia que podrían generarse gracias al funcionamiento óptimo de esta importante vía de transporte se neutralizan por las actividades ilegales que se benefician con ella.
Las inversiones y regulaciones que realice Paraguay deben tender a mejorar la infraestructura no solo para mejorar la navegabilidad sino también para eliminar el tráfico ilegal. Cualquier inversión pública que no garantice lo segundo estará destinando recursos no solo a mejorar la economía legal sino también y, principalmente, la ilegal, dados los montos que se manejan en la informalidad.
El esfuerzo público siempre está sostenido por el esfuerzo de la ciudadanía, no solo de sus impuestos sino también de las consecuencias negativas que conllevan vivir y trabajar en un país cada vez más capturado por las actividades ilícitas. Implementar políticas públicas negando estos problemas terminará beneficiando a unos pocos y entre ellos a los corruptos.
La política dirigida a fortalecer la hidrovía tiene que abordar integralmente todos los aspectos necesarios para que cumpla con su objetivo de reducir costos, ganar competitividad y contribuir a una actividad económica ambientalmente sustentable.
