A través del abogado Alfredo Enrique Kronawetter, plantearon una acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución del Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, del 3 de abril pasado, que confirmó el fallo del juez de Garantías Yoan Paul López, del 30 de diciembre del 2024.
Los camaristas Delio Vera Navarro, Agustín Lovera Cañete, habían votado por declarar inadmisible el recurso de la defensa, mientras que su colega Cristóbal Sánchez votó en disidencia. Con la decisión, se les negó el acceso a la carpeta fiscal para saber los pormenores de la investigación.
La acción, de unas 50 páginas, fue planteada ayer con el argumento de que se violaron los artículos 1, 16, 45, 47, 137, 256 y 268 de la Constitución, a más de los artículos 8.1 y 25 del Pacto de San José; y los artículos 10, 67, 68 y demás del Código Procesal Penal.
Principalmente, señalan que se les niega el acceso a las víctimas a la Justicia y, más que un resarcimiento, a saber qué se está investigando en la carpeta fiscal, a qué apunta la teoría del caso conforme con los datos y evidencias colectadas a casi tres años del magnicidio.
Sostienen que los fallos cercenaron el derecho a la defensa en juicio, el debido proceso, el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones, en contravención del deber positivo del Estado de allanar obstáculos que impidan o debiliten dicho ejercicio.
El principal argumento del rechazo había sido que los mismos no eran parte, sino que solo la viuda de la víctima, la periodista Claudia Aguilera, madre del hijo del fiscal Marcelo Pecci, basados en el derecho sucesorio.
RESERVA. Recordemos que el fiscal general Emiliano Rolón Fernández, y los fiscales del caso habían dicho que la familia no podía tomar intervención en la causa, amparándose en la reserva de actuaciones del caso y que lo podían hacer solamente con una querella.
“Precisamente, la falta de atención y de acceso a la información –revictimización pura y dura, la que se ensaya y hasta se ensaña contra la familia de Marcelo Pecci– es lo que motivó que acuda al juez”, pero acá también se les negó y esto fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones, afirma.
“Ambas decisiones conllevan un grave desapego a normas constitucionales..., promoviendo una exclusión y discriminación que resultan arbitrarias e injustas para las personas que fungen la condición de víctimas”, dicen.
Hablan de una “absoluta indefensión en calidad de víctima” “siempre menospreciada o desvalorada” para los hermanos de Pecci, brutalmente asesinado en Cartagena de Indias, Colombia, por el crimen organizado “al que enfrentó valientemente hasta ofrendar su vida”.
Los hermanos buscan acceder a información efectiva sobre la investigación supuestamente abierta en la causa 9088/2023 caratulada personas innominadas sobre homicidio doloso.
Finalmente, piden declarar inconstitucional y nulas las dos resoluciones. La acción será estudiada por los ministros César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander.
