Los ítems citados por Amnistía son pobreza que se profundiza, un sistema de salud colapsado, violencia contra mujeres y niñas, persecución a defensores, amenazas a periodistas, racismo estructural, contaminación ambiental y un Estado que incluso respaldó un genocidio.
Ley garrote. El organismo recordó que todo empezó con la llamada “comisión garrote”, la cual señalaron fue “creada para atacar a organizaciones de la sociedad civil y medios de prensa críticos con el Gobierno”.
Agregan que dicha comisión presentó un informe en el que vinculaba, sin pruebas, a algunas organizaciones con un supuesto lavado de activos ligado al financiamiento político.
“Esta comisión demandó judicialmente a cinco organizaciones de la sociedad civil para poder acceder a información sensible sobre sus actividades y el uso de los fondos recibidos”, indicaron.
Recordaron que, pese al pedido de veto, el presidente Santiago Peña promulgó la Ley N° 7363/2025 o ley garrote”, que restringe el derecho de asociación, y consideran que es una “censura disfrazada de ley”.
Otros temas. AI Paraguay también señaló que persisten la pobreza, la desprotección social y la informalidad laboral, ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el 15,67% de la población sufre pobreza multidimensional, el 20,1% vive por debajo del umbral de pobreza monetaria, y el 4,1% se sitúa por debajo de la pobreza extrema.
“La informalidad laboral es del 62,5%, lo que compromete el derecho a la protección social”, señalan.
Recordaron que el salario mínimo aumentó 3,6%, pero lejos del 24% reclamado por los sindicatos. Pusieron énfasis en el tema salud, donde indican que la población “sigue sufriendo un calvario en los hospitales del Estado, debido principalmente a la falta de inversión pública, que no alcanza el 6% mínimo del producto interno bruto recomendado por la OMS”.
El caso del defensor ambiental Vidal Brítez también fue señalado por haber sido detenido en marzo en represalia por sus acciones contra la minería aurífera y sus contaminantes.
Alertaron sobre los indicios de esquema de tráfico de influencia entre presuntos miembros del crimen organizado e integrantes del Poder Judicial y el Legislativo.
La postergación de la Ley de Protección a periodistas y del resarcimiento a indígenas afectados por Itaipú también fueron señalados, entre otros.
