Este vergonzoso pacto, instalado sobre el olvido de principios y promesas de referentes del oficialismo –entre ellos el propio actual mandatario, Mario Abdo Benítez, quien ha olvidado las fuertes acusaciones que sostuvo contra su principal contrincante colorado, el ex presidente Horacio Cartes, para ahora unirse a él–, constituye un grave riesgo para el sistema democrático, al reducir las posibilidades de oposición y control ante los abusos, tal como lo revela un informe publicado ayer por este diario.
Los sectores de oposición reconocen que se sienten desprotegidos ante la supremacía oficialista en instituciones del Estado, que son utilizadas como un arma de persecución, corrupción e intereses. En el Congreso, la nueva mayoría es utilizada como aplanadora para impedir leyes favorables a la ciudadanía, mientras se imponen aquellas que facilitan la impunidad de autoridades y funcionarios corruptos.
En el informe de ÚH, opositores denunciaron que desde el oficialismo se está ejecutando un plan para destituir a intendentes municipales no colorados a través de proyectos de intervención selectiva a sus administraciones, con base en denuncias de presuntas irregularidades. Uno de los casos más patentes es del Municipio de Encarnación, en donde hablan de una instrumentación del Ministerio Público. Sin embargo, otras administraciones oficialistas en donde existen mayores indicios de corrupción no son tenidas en cuenta y, por el contrario, resultan protegidas.
En este nuevo panorama, el Partido Colorado tiene bajo dominio a todos los poderes del Estado, empezando por el Ejecutivo. Además de mayorías en gobernaciones e intendencias, mantiene el control del Poder Legislativo con el senador Óscar Salomón como presidente del Senado y del Congreso, y el propio titular de la ANR, Pedro Alliana, como presidente de la Cámara de Diputados, en donde además tienen una mayoría con 43 miembros.
En el Poder Judicial, el colorado Alberto Martínez Simón es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en donde siete de nueve ministros son de la ANR. La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ha demostrado responder también al oficialismo, al igual que el colorado Camilo Benítez al frente de la Contraloría General del Estado, y el senador Enrique Bacchetta como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), también con mayoría colorada, además del diputado Roberto González como presidente del Consejo de la Magistratura.
Ante este peligroso acaparamiento de las instituciones y espacios democráticos, la sociedad debe permanecer alerta y movilizada para evitar que este nuevo pacto oportunista conduzca hacia un modelo político cada vez más totalitario.
