La Cámara de Diputados, tal como estaba previsto, cajoneó de vuelta sendos pedidos de acuerdos para intervenir municipios remitidos por el Poder Ejecutivo, los cuales responden especialmente a los partidos tradicionales, con el agravante de que dan respiro a sus correligionarios con denuncias de supuestas irregularidades, a las puertas de un año electoral.
La Cámara –presidida por el diputado Raúl Latorre– levantó la sesión por falta de cuórum, precisamente cuando se abordaban los pedidos que afectan a siete municipios.
El diputado Roberto González, miembro de la Comisión Especial de estudio para el acuerdo a la intervención del Municipio de Lima, administrado por el intendente Juan Manuel Ávalos, explicó los antecedentes de dicho expediente y solicitó que la Cámara preste su acuerdo para que se intervenga el Municipio por un supuesto agravio de G. 514 millones a las arcas del distrito.
No obstante, inmediatamente después Latorre corroboró la falta de cuórum, subrayado primeramente por el diputado oficialista Miguel Del Puerto.
También quedaron pendientes de tratamiento de la conformación de comisiones especiales de estudio para la intervención de otros seis municipios, entre ellos los de los cartistas de los distritos de Tomás Romero Pereira y Ñemby, a cargo de Hernán Rivas y Tomás Olmedo, respectivamente.
El supuesto perjuicio que se adjudica a la administración de Rivas asciende a G. 2.000 millones, que corresponden a royalties, mientras que alrededor de G. 7.000 millones corresponden a recursos genuinos. Algunas obras de infraestructura que fueron licitadas se hicieron supuestamente con máquinas del MOPC y, aún así, los costos no variaron en beneficio de la Comuna, según advirtieron en reiteradas ocasiones los miembros de la Junta.
Se añade el caso de Ñemby, para el cual también la Cámara debe decidir la conformación de la Comisión especial de estudio del pedido de intervención. La intervención del Municipio que maneja Tomás Olmedo fue aprobada por la Junta Municipal en 2024. Las denuncias son varias, entre las que se señalan la imputación contra el jefe comunal por supuestos hechos de corrupción por el faltante de G. 700 millones, así como por lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos.
La situación del intendente de Yby Yaú, Vidal Argüello, se presenta confusa. Existe un documento de la Junta solicitando la intervención, aun así el jefe comunal respondió con una denuncia contra los concejales ante el Ministerio Público por supuesta adulteración del acta legislativa y que tampoco la Contraloría halló indicios para la intervención. No obstante, Argüello fue denunciado penalmente por los concejales por falta de transparencia.
El Municipio de Ybyrarobaná es otro de los que la desidia de los diputados lo salvó de la conformación de la comisión especial que estudiaría el pedido de intervención. La Junta Municipal no aprobó las rendiciones de cuentas del intendente César Machuca por supuesta falta de documentaciones. Pesa sobre su administración la sospecha de malversación de fondos.
Más municipios. El Municipio de Emboscada, situado en el Departamento de Cordillera, bajo la gestión del liberal Silvio Peña, está en la mira por supuestas irregularidades detectadas en el periodo 2024. De acuerdo con la denuncia de los concejales municipales, el jefe comunal pagó por varias obras ya el año pasado y no fueron ejecutadas.
Sobre el intendente de Mallorquín, Elvio Coronel, pesan sospechas nacidas a raíz de la verificación de la Contraloría General de la República (CGR), que señaló 24 presuntas irregularidades.
Un caso que se denunció fue de cheques al portador por montos millonarios, la compra de combustible por más de G. 1.900 millones sin utilización de tarjetas magnéticas y obras con supuestos sobrecostos.
Si en la próxima sesión los pedidos de intervención no se contemplan, intendentes seguirán impunes.
