En este mes de octubre se cumple un año de la nueva paralización de uno de los casos más emblemáticos de la corrupción en el Paraguay, debido a que no se ha podido o no se ha querido conformar una Sala Constitucional de la Corte Suprema para resolverlo.
Se trata del famoso caso del ex senador colorado Víctor Bogado y la denominada niñera de oro, que se había revelado mediante publicaciones periodísticas en el año 2013. Originalmente se había denunciado un caso de tráfico de influencias que involucraba a Gabriela Quintana, quien había sido nombrada como funcionaria de la Cámara de Diputados por el entonces diputado Víctor Bogado, quien también intercedió para que la misma fuese contratada en la entidad binacional Itaipú, mediante una falsa declaración de exclusividad laboral, supuestamente trabajando al mismo tiempo en dos partes y contando con doble remuneración, cuando en realidad su ocupación básica habría sido la de ser niñera de los hijos del legislador y de su esposa. La mujer percibía G. 6.098.000 mensuales en la Cámara de Diputados, mientras en la binacional Itaipú cobraba un sueldo de G. 9.000.000.
La difusión de este escandaloso caso y de otros presuntos graves hechos de corrupción que involucraban a legisladores generó en esa época una gran indignación ciudadana, que motivó masivas manifestaciones de protesta.
Tanto Bogado como Quintana fueron imputados por el hecho punible de cobro indebido de honorarios. A través de numerosas chicanas presentadas por sus abogados, el legislador logró evitar ir a juicio oral en reiteradas oportunidades y durante mucho tiempo también fue protegido por sus pares en el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hasta que la fuerte presión ciudadana logró que pierda la investidura en mayo de 2019.
Igualmente, el caso pudo llegar finalmente a juicio oral cuando ya estaba a punto de prescribir. Víctor Bogado fue condenado a un año de cárcel, mientras que Gabriela Quintana fue sentenciada a un año y seis meses; sin embargo, se aclaró que no iban a pisar la cárcel, ya que se les aplicaría la suspensión de la condena a prueba. En su momento, varias organizaciones ciudadanas cuestionaron que las sentencias eran irrisorias.
Posteriormente, una Cámara de Apelación rechazó los pedidos de prescripción y extinción, confirmando las sentencias. Sin embargo, el 29 de octubre de 2019, los abogados de los condenados plantearon una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones de la Sala Penal de la Corte. A un año, la Sala Constitucional no pudo conformarse, tras la inhibición de los ministros Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica. Actualmente, integran la Sala para estudiar la acción del ex legislador los ministros César Diésel y Alberto Martínez Simón. Falta un integrante.
Un año es mucho tiempo para un caso que la ciudadanía sigue con mucha expectativa y lo considera muy importante para sentar un nuevo precedente ante la corrupción que devora al país. La excesiva mora destaca de qué manera el sistema de Justicia se vuelve cómplice de una lamentable situación que empaña aún más la deteriorada imagen del país en materia judicial.
