A casi dos meses de asumir como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Lovera sigue afrontando los desafíos fiscales que dejó su antecesor, Carlos Fernández Valdovinos. En una exclusiva con ÚH, detalló los avances en cuanto al pago de las deudas con proveedores del Estado, habló sobre los retos que sigue afrontando el Tesoro en materia de recaudación tributaria pese a la leve recuperación, y brindó detalles de cómo considera que la macroeconomía se traslada a la micro.
–Tras la reciente reunión con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, ¿cómo avanza el factoraje?
–El miércoles tuvimos una reunión con el sector farmacéutico donde hicimos una evaluación del cumplimiento de compromisos de corto plazo que habíamos hecho para una cancelación parcial. Fue evaluada de manera positiva, pero estamos trabajando en otras herramientas para generar opciones para ir cancelando. Y el día de hoy (viernes) fue la reunión con la ministra de Obras, con el mismo objetivo. Todavía no nos hemos reunido con los proveedores, pero más o menos vamos en el mismo sentido de que se está cumpliendo efectivamente. El factoraje es una opción, pero por el monto que estamos manejando de deuda, va a ser muy difícil que sea una solución definitiva. La idea que tenemos es lanzar el producto y esperar un poco para ver cuál va a ser la demanda del sistema financiero, para que podamos determinar finalmente cuánto será el monto remanente y a partir de ahí generar alternativas para ir cancelando. Nosotros estimamos que para fines de junio ya tendríamos algunas ofertas. Nuestra idea es lanzarlo ya la próxima semana, de ser posible, y a partir de ahí recibir las propuestas para ir avanzando. Por otro lado, hoy tenemos una iniciativa parlamentaria que tiene media sanción en el Senado que está vinculado a esos casi USD 100 millones de intereses reclamados por el sector de infraestructura vial. Estábamos viendo que necesitábamos una autorización legislativa, o sea, una ley para poder avanzar en esa cancelación. Ahora va a Diputados, y la normativa incorpora también la autorización de emisión de bonos para hacer la cancelación de estos compromisos.
–¿Cuál es el cronograma real que maneja el MEF para honrar la totalidad de esos compromisos?
–Nuestra expectativa es poder iniciar con el factoraje, en caso de prosperar y congeniar las propuestas en el segundo semestre. Pero quiero dejar en claro que ya hemos implementado herramientas que van a evitar que esta acumulación de deudas se repita. Estamos implementando en forma obligatoria lo que es el Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (Sigebys), que nos va a permitir un control de todos los pedidos de provisión de bienes y servicios, y así tener información en línea de cuántos compromisos van asumiendo las entidades. Eso no teníamos antes y es un poco lo que motivó a que lleguemos a los niveles de atraso que se reclama hoy.
–¿Sigue siendo alcanzable la meta de 1,5% de déficit fiscal? ¿Hasta qué nivel considera que sería aceptable flexibilizar?
–Para determinar el resultado fiscal, tenemos ingreso menos gasto menos la formación bruta de capital, que determina el resultado fiscal. Hay que reconocer que nosotros iniciamos el año con una presión desde el punto de vista del ingreso, que en el primer bimestre presentaba un desempeño negativo y ya generaba presión sobre lo que iba a ocurrir en el 2026 con respecto al resultado. Si bien eso fue revertido en el mes de marzo con un crecimiento del 10,6%, y en abril, con 9,6%, igual en el acumulado estamos en 4,2%, que sigue estando por debajo de lo que habíamos estimado para el año, de alrededor del 8,5%, o sea, todavía estamos monitoreando y viendo si vamos a poder llegar a la meta. Y por el lado del gasto, la gestión que estamos haciendo de estos compromisos que fueron acumulados tanto en el sector vial como en el sector de salud pública va a generar una presión, pero dependerá de cómo administremos las herramientas que estamos poniendo a disposición. Para la cesión de derecho de cobro, por ejemplo, los bancos van a aceptar un plan de pagos que puede ir hasta en 36 meses. Entonces, lo que nosotros haríamos es evitar que esa presión se concentre en el 2026 y poder distribuirlo a lo largo de 36 meses. Y lo que hace a la determinación del impacto final sobre el resultado fiscal esperado, estaría supeditado al uso efectivo de la herramienta. Hoy nosotros apuntamos a un escenario, ante todo de previsibilidad para con los proveedores y un escenario que no genere nuevas presiones. Vamos a trabajar en un escenario que pueda ser cumplido en base a planes que puedan incluir la cesión de derechos de cobro o un plan de pago con los ingresos corrientes que tiene el Estado para poder acomodar e ir reduciendo esa deuda que hoy tenemos. Finalmente, no tenemos un objetivo de resultado fiscal porque todavía no podemos calcular cuál va a ser el impacto real al final del ejercicio.
La gestión de estos compromisos que fueron acumulados va a generar una presión, pero dependerá de cómo administremos las herramientas
–¿Se está evaluando una revisión de programas o instituciones con bajo impacto en el marco de la elaboración del PGN 2027?
–Con la Dirección General de Presupuesto estamos trabajando en una revisión a los efectos de buscar la optimización de la asignación de los recursos. Tenemos pedidos todos los años, esa es una realidad, donde recibimos pedidos de recursos adicionales de las distintas entidades. Entonces, lo que estamos pidiendo hoy es que hagan una revisión de los distintos programas. Evaluar si es que están cumpliendo con los objetivos que se trazaron o si esos recursos pueden ser reorientados. Todavía estamos en el momento en el que las entidades están elaborando el anteproyecto de presupuesto. Al último día de junio deben presentar al MEF para que nosotros podamos hacer el proceso de consolidación y evaluación para determinar cuál va a ser el proyecto final.
–El discurso oficial habla de un crecimiento económico sostenido y una macroeconomía positiva, ¿por qué los ciudadanos siguen sin percibir en sus bolsillos o reclaman mejoras en los servicios públicos y en los empleos?
–Decir que este crecimiento económico no llega a la gente es tener una mirada puntual. Al ver a una familia, por ejemplo, que se acerca a pedir dinero, uno se pregunta: ¿Por qué existe esto todavía? Pero cuando uno recurre a información disponible a nivel económico, se encuentra con que sí hay un impacto importante, o sea, hay un crecimiento económico importante. Cerramos el 2025 con 6,6% de crecimiento real de la economía y, por otro lado, tenemos ahí los indicadores que hablan de los niveles de pobreza. Bajamos los niveles de pobreza que teníamos del 2023 al 2025 al 16%. Los niveles de pobreza extrema siguen también bajando, están en alrededor de 2,6%. Si miramos los indicadores de empleo, hoy el desempleo es uno de los más bajos. Si recurrimos al IPS y vemos los registros administrativos, uno encuentra que la cantidad de asegurados en el mismo periodo ha aumentado, entonces, esto es un proceso donde todos los indicadores que estamos revisando nos da una pauta de que hay un efecto económico. Hay más puestos de trabajo, hay un proceso de formalización, en donde creo yo que decir que no llega sigue siendo una conclusión muy simple que no recurre a fuentes verdaderas. Ahora, pretender que la pobreza y la pobreza extrema sean cero, no se hace en un ejercicio o no se hace en un periodo de gobierno, de hecho no hay economía que tenga niveles cero, pero se nota una progresión y mejora significativa en todos los indicadores. El Estado tiene posibilidades de intervenir y de generar un tipo de asistencia. Por ejemplo, el programa Tekoporã, cuyo objetivo es generar un alivio hoy a la familia, un incentivo para que pueda cumplir con los requisitos de salud y de educación de la siguiente generación. Es una transferencia monetaria condicionada a que los chicos cumplan con todo el sistema de vacunación, vayan a consultas médicas y asistan a la escuela. Eso nos va a permitir que ese chico pueda tener un futuro mejor de lo que tuvieron sus padres. O el programa del Adulto Mayor, que hay que reconocer que tenemos un déficit en el sistema de seguridad social, donde solo un 20% de la población accede a la jubilación. Y hoy tenemos 370.000 adultos mayores dentro del programa de transferencia de un cuarto de salario mínimo. En el formato anterior que teníamos, cuando se hacía una evaluación socioeconómica al adulto mayor y llegaban a la casa, se encontraban muchas veces con que la casa tenía dos pisos o era una casa de material, pero se desempeñaba como mecánico. Es decir, se pudo desempeñar bien y pudo construir su casa, pero hoy ya tiene artritis, ya no puede trabajar y ya no genera más ingresos, pero como se hacía la evaluación socioeconómica ya no calificaba, hoy eso cambió.
No hay economía que tenga niveles cero de pobreza, pero en el país sí se nota una progresión y una mejora significativa en todos estos indicadores
–¿Cuál es el diagnóstico actual del MEF con respecto a la Caja Fiscal luego de la reforma?
–En la Caja Fiscal hoy todavía no se tiene mucho impacto de lo que ha sido la reforma. De hecho, entra a regir recién a partir de abril el aumento a los sectores deficitarios, que pasaron de un aporte del 16% a 19%. Y esperamos que esto vaya generando un impacto en términos de que esos sectores puedan ir reduciendo o conteniendo esa expansión del déficit que estaban teniendo. Aún estamos haciendo el seguimiento fino, porque a partir del segundo semestre también deben incorporarse los empleados públicos, que son los contratados, que no estaban habilitados a aportar.
–¿Hay voluntad política para impulsar una reforma más integral?
–Yo creo que con lo que se consiguió ahora se dejan las bases para una discusión, no quiero decir más sencilla, porque tocar estos tipos de beneficios siempre trae aparejado una resistencia importante y una movilización de los sectores afectados, pero como que va a haber una mayor conciencia ciudadana de cuáles son los efectos de estas medidas que adopta el Gobierno.
–¿Cuál es el nivel de deuda pública que usted considera prudente para el Paraguay?
–No tenemos un objetivo de relación deuda/PIB. Nosotros creemos que los niveles que tenemos actualmente son niveles controlados, acordes al tamaño del país, a lo que tenemos hoy como actividad económica. Ahora mismo, si bien nosotros cerramos el 2025 en alrededor del 41%; al 2026, ya con el PIB proyectado para este año, esa deuda se reduce al 36%. Y si vemos cuál es la relación de la deuda de la Administración Central, se reduce al 32%; o sea, si vemos ese indicador, nosotros entendemos que los niveles de crecimiento que estamos alcanzando hacen que esta deuda esté estabilizada. Recordando un poco que el nivel de deuda de 36% del inicio de este ejercicio, incluso es inferior al 37% que teníamos a agosto del 2023. O sea, nosotros entendemos que todo lo que estamos haciendo permite estabilizar la deuda en los niveles actuales, y sigue siendo uno de los niveles de deuda más bajos de toda la región, e incluso comparado con otros países que no son de la región, pero tienen la misma calificación de riesgo, tanto en Moody’s como en Standard & Poor’s, de grado de inversión.
–¿Cómo queda el cronograma de emisiones de bonos para lo que resta del año?
–Tenemos seis emisiones este año; la primera emisión en el mercado local la hicimos en abril, con una colocación de USD 110 millones aproximadamente. Y nuestra previsión es hacer cinco emisiones más en lo que resta del año. La siguiente creo que es a fines de junio, y es al efecto de seguir incorporando el instrumento de bonos del Tesoro en el mercado local, que se siga utilizando como instrumento de reserva o de liquidez, y seguir profundizando también las operaciones que se realizan en el mercado local.
Perfil técnico
Oscar Lovera es economista y cuenta con varios cursos en temas relacionados con Finanzas Públicas, Gestión Macroeconómica y Procesos Presupuestarios. Tiene más de 30 años de experiencia en la función pública y ocupó altos cargos, como director de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, gerente en el Banco Nacional de Fomento, entre otros.
