En materia de políticas públicas existe una ausencia de una estrategia clara y trasversal en los primeros meses del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Así lo señala Sara Mabel Villalba, doctora en procesos políticos contemporáneos e investigadora del Conacyt. La catedrática advierte que un problema estructural que parece no estar en la agenda del Ejecutivo es la reforma agraria y que esto seguirá generando pobreza, exclusión y desigualdad.
–¿Cuál es el balance que se puede hacer de estos cien días de gobierno?
–Un punto positivo que creo que hay que resaltar es un mayor respeto a la libertad de reunión y manifestación.
Esto se ha evidenciado con la no represión de las diferentes movilizaciones ciudadanas que comenzaron incluso antes del mandato de Mario Abdo Benítez y continúan en diferentes puntos del país. Más allá de su importancia implícita, ¿por qué es importante resaltar esto?
Porque justamente el gobierno anterior se caracterizó por un uso desmedido de la fuerza para reprimir las protestas y, además, por la criminalización y judicialización a diversos dirigentes sociales
–Es curioso que sea Mario Abdo el que respete más este derecho, teniendo en cuenta su pasado familiar.
–Del gobierno anterior no se esperaba hasta ese punto que hubiese una represión. En contrapartida, esta movilización ciudadana está facilitando que se canalice la indignación ciudadana contra la corrupción como no ha tenido precedentes en Paraguay, como nunca antes.
Prueba de eso es que han sido forzados a renunciar tres legisladores y por primera vez se pide la intervención de tantas municipalidades. El hecho de que las protestas no hayan sido reprimidas favorece esto.
–¿Y en cuanto a puntos negativos?
–Un punto negativo en general es que falta una hoja de ruta clara y estrategias sobre políticas públicas en sectores muy sensibles, como salud y educación, y hay una ausencia total en lo que se refiere a la reforma agraria, que es uno de los principales problemas del país teniendo en cuenta que el 2% acapara el 85% de las tierras.
Ese es un problema histórico estructural que genera otro tipo de problemas y va a seguir generando pobreza, exclusión y desigualdad. Tampoco se ve en la agenda del Gobierno una posible regulación a los agronegocios, no solamente con el impuesto a la soja, sino también con otras medidas de protección del medioambiente y protección a las comunidades indígenas y campesinas, que en este momento están siendo atropelladas.
En menos de 15 días dos comunidades indígenas de Itapúa y Canindeyú fueron desalojadas violentamente por sojeros con ascendencia brasileña y no se ve ningún tipo de medidas que pueda frenar esas situaciones. Por otro lado, hay que mencionar los nombramientos de políticos cuestionados en cargos importantes de instituciones públicas y entes binacionales para pagos de favores políticos.
–¿Qué se puede esperar de los próximos años de este gobierno?
–Hay que tener en cuenta que 100 días es poco tiempo y además el nuevo gobierno tiene que enfrentarse a una serie de problemas y situaciones dejadas por la administración anterior y otras, incluso.
Hasta ahora se nota una falta de articulación entre las instituciones gubernamentales para la ejecución de políticas públicas y hay que ver si eso en los próximos años se va paliando o se va respondiendo como ahora: de manera muy puntual según surgen las situaciones.
Las políticas de cada institución están dependiendo mucho de quién está al frente más que de una política clara y establecida de manera articulada desde el gobierno. Por otro lado, uno de los peligros latentes siempre es la violación de derechos humanos, sobre todo, a campesinos e indígenas, dado que no está en la agenda gubernamental, no figura o por lo menos no se visibiliza el combate a estos problemas.
Otro peligro es el fortalecimiento de una estructura autoritaria, traducida con el impulso al servicio militar obligatorio que sabemos que ya se cobró 147 vidas.
–¿Las movilizaciones ciudadanas pudieron cambiar la manera de hacer política?
–Aún es pronto para que se reviertan prácticas estructurales y que tienen que ver con la cultura de hacer política en Paraguay.
Sí creo que a partir de estas manifestaciones los políticos se cuidan más. Prueba de ello es el proyecto de ley de autoblindaje que plantean los parlamentarios y aprobaron los diputados como una forma de cuidarse ante esta ola de indignación ciudadana.
–¿Cómo analiza la oposición en lo que va del gobierno y qué se puede esperar a futuro?
–Hasta este momento la oposición, que se refiere a los partidos opositores al de gobierno, se ha mostrado bastante pasiva, ha tenido un papel de espectadora y continúa dividida, no de manera reversible, pero sí es una división muy marcada.
La oposición es necesaria porque obliga al Gobierno a mostrar su eficacia y justificar sus acciones. Eso no se está dando de manera clara todavía.
La oposición mayor está dentro del Partido Colorado como en periodos anteriores, pero tampoco es una oposición que plantea propuestas y hasta ahora se limita a criticar problemas que en el periodo anterior precisamente no se han solucionado o se han generado ahí incluso.
–¿Esa falta de hoja de ruta clara del Gobierno se puede ver también en los primeros pasos que dio hacia una reforma constitucional?
–Como la reforma constitucional fue un tema que no fue aceptado o acogido por las diferentes fuerzas políticas, se inició lo que sería una reforma electoral y, justamente, creo que no se tiene claro hasta ahora cuáles son los problemas reales que se quieren solucionar en el sistema electoral.
En otros países las experiencias que se tienen, la evidencia empírica, muestran que las veces que hubo reforma constitucional es porque todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo y tenían objetivos que lograr y, en la mayoría de los casos, ha sido para mejorar la democracia existente.
Creo que ese contexto no se da en Paraguay y todavía está lejos. Creo que uno de los puntos principales para una reforma constitucional puede volver a ser la reelección. La sociedad civil también tiene que siempre estar atenta de que no se pierdan derechos ganados en la Constitución del 92.
