Destacan que este programa, además de garantizar la alimentación escolar, actúa como un catalizador para la reactivación económica, integrando a emprendedores y pequeños productores a la cadena de valor alimentaria nacional.
El programa promueve una política de compras inclusiva, con el compromiso de que al menos el 5% de las adquisiciones se realicen a mipymes y el 10% a la agricultura familiar, según los contratos adjudicados. Esta política ya evidencia casos de éxito, con empresas que pasaron de facturar G. 20 millones a G. 400 millones mensuales, según dijo Romina Da Re, directora general de Información e Internacionalización de mipymes.
Críticas. El programa emblemático del Gobierno también genera críticas, principalmente sobre los manejos de los recursos y la calidad por parte de algunos de los proveedores.
Por esa razón, desde el Ministerio de Desarrollo Social, institución que dirige el programa, anunciaron estrictos controles y sanciones a quienes incumplan con las exigencias.
