A mano alzada, la Cámara de Senadores aprobó el pedido de permiso sine die (por tiempo indefinido) del senador Erico Galeano, quien fue condenado en primera instancia por asociación criminal y lavado de dinero, debido a sus vínculos con el narcotráfico.
Seguidamente asumió Guadalupe Aveiro, quien es referida como la ex pareja del ex senador Víctor Bogado y juró “por un país sin narcotráfico”.
Bogado estaba presente en el acto, dentro de la sala de sesiones, para acompañar a su aliada y ex pareja. El ex legislador fue expulsado en 2019 por el caso niñera de oro.
Juan Carlos Nano Galaverna indicó que acompaña el pedido de permiso del senador Erico Galeano leyendo un texto que menciona que el planteamiento se encuadra en el artículo 30 del Reglamento Interno y en la Constitución.
“Esta decisión no es más que el cumplimiento del estricto derecho y del debido proceso que rige para todos los miembros de este colegiado”, expresó. Carlos Núñez Agüero secundó la moción señalando que Galeano presentó el pedido en tiempo y forma.
Juramento. Tras la decisión, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, tomó juramento a la suplente Guadalupe Aveiro, quien en el acto llamó la atención por la frase que exclamó.
“Por un país sin narcotráfico, por los jubilados y jubiladas, por el derecho de la mujer, por una salud gratuita y por una educación gratuita”, expresó.
Sabor amargo. El senador Eduardo Nakayama recordó que desde el inicio del periodo legislativo 2023-2028 ya se había discutido la situación judicial de Galeano y también la del senador electo del Partido Cruzada Nacional, Rafael Esquivel, conocido como Mbururu. En aquel momento, algunos sectores planteaban que no se les tome juramento.
El legislador señaló que en esa ocasión sostuvo que no era posible impedir el juramento sin una sentencia firme, por lo que correspondía analizar los antecedentes judiciales y, eventualmente, tratar el desafuero.
Indicó que, cuando el Senado recibió la causa contra Galeano, la Comisión de Asuntos Constitucionales estudió el caso y concluyó que existían méritos para conceder el desafuero, lo cual posteriormente fue aprobado.
No obstante, el senador manifestó que queda un “sabor amargo” por la forma en que fue destituida la senadora Kattya González, señalando que en ese caso no se presentaron pruebas contundentes.
Nakayama reconoció que la sentencia contra Galeano aún no está firme ni ejecutoriada, pero sostuvo que el fallo judicial menciona elementos “mucho más sólidos” que los que se utilizaron para cuestionar a González. Por ese motivo, anunció que se abstendría de votar el permiso solicitado por el legislador.
Finalmente, el pleno del Senado aprobó el pedido de permiso por mayoría de votos.
El senador Derlis Maidana justificó que en este caso la sentencia aún no está firme ni ejecutoriada, por lo que el proceso judicial continúa.
- Por un país sin narcotráfico, por los jubilados, por el derecho de la mujer, por una salud y educación gratuitas. Guadalupe Aveiro, senadora suplente (ANR).
Senador liberal considera que es inconstitucional
El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Éver Villalba, dijo que Erico Galeano ya se siente culpable de los delitos por los que fue condenado, por eso pide permiso.
En la sesión de ayer le cerraron el micrófono y le imposibilitaron solicitar una moción de preferencia para revisar la solicitud de permiso al senador cartista, sentenciado a prisión por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Tildó de inconstitucional el permiso otorgado por la Cámara Alta, ya que la Carta Magna establece las circunstancias específicas para poder solicitar permiso, que es para ocupar otro cargo y no por problemas judiciales.
Según Villalba, le cercenaron la posibilidad de hablar y explicó que con la medida adoptada por el cartismo y sus aliados se violó la Constitución Nacional.
“Como nos tiene acostumbrado el cartismo en hacer valer su mayoría, otra vez atropellaron la Constitución, porque la Constitución es clara en vista de que en solo dos situaciones se puede pedir permiso: una para ocupar cargos de ministro y otra para ocupar cargos diplomáticos y en ningún otro caso se puede pedir. Eso es lo que intenté plantear y lo voy a volver a hacer”, señaló.
Con relación al hecho de que la oposición en su conjunto tampoco planteó alternativa, dijo que es probable que se sintió abrumada, porque ya había una amplia mayoría del oficialismo para aceptar el permiso planteado por el senador condenado por la Justicia por su supuesta participación en un esquema de narcotráfico y lavado de activos.
“Seguramente vieron que la mayoría bastante que tenía el cartismo en este caso, pero acá lo grave es que otra vez están violentando la Constitución. Erico tiene que renunciar, y si no renuncia, tiene que venir a su banca para explicar si es inocente, pero evidentemente cree que ya no es inocente, y por eso no le da la cara para venir aquí y explicar desde su curul su situación”, señaló.
El senador consideró como un blindaje a Erico lo resuelto por la mayoría.
Casos emblemáticos de pérdida de investidura
Contradictoriamente al argumento del cartismo para proteger al senador Erico Galeano de la pérdida de investidura, los casos de expulsión en el Congreso nunca esperaron una sentencia de la Justicia, a excepción de Víctor Bogado en 2019, a quien la Cámara Alta le dejó sin banca por una condena por cobro indebido de honorarios en la causa conocida como niñera de oro y por la presión ciudadana.
En total son ocho las expulsiones de toda la historia paraguaya, desde el senador Óscar González Daher (+) en 2017 hasta la senadora Kattya González en 2024 (ver infografía). Las decisiones fueron políticas, varias de ellas por casos de corrupción que se hicieron públicos y generaron indignación.
No obstante, a Erico Galeano decidieron otorgarle un permiso pese a que ya existe una condena, en primera instancia, en su contra de 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal.
La argumentación fue que la condena no está firme y ejecutoriada todavía.
El cartista Derlis Maidana reconoció que la Constitución Nacional en su artículo 199 dispone que los legisladores solo pueden pedir permiso para ejercer cargos de ministros del Poder Ejecutivo o diplomáticos, pero que el artículo 30 del reglamento interno del Senado, en concordancia con el 191 de la Carta Magna, contempla permisos por otras circunstancias, siempre que se traten de ausencias superiores a tres sesiones consecutivas o cinco alternadas, las cuales deben ser autorizadas por la Cámara.
Para citar un antecedente, Maidana mencionó el caso del ex diputado Ulises Quintana, quien en su momento recibió permiso del Congreso para ir a prisión en medio de una causa por narcotráfico.
Ante cuestionamientos sobre un supuesto blindaje político, Maidana respondió que el legislador en cuestión ya fue desaforado y la Justicia está actuando, por lo que aseguró que el proceso sigue su curso normal.
Consultado sobre si debería renunciar, Maidana afirmó que ese es un criterio personal del propio legislador, y sostuvo que, como cualquier ciudadano paraguayo, tiene derecho a agotar todas las instancias de defensa dentro del proceso judicial.
Incoherencia. Un caso que revela el criterio político que usó el cartismo para sostener una pérdida de investidura es el de la senadora independiente Kattya González, expulsada el 14 de febrero del 2024. El ala más dura de Honor Colorado elaboró una serie de acusaciones, entre ellas, supuestas contrataciones y comisionamientos irregulares que luego se desestimaron tanto por la Fiscalía como por la Contraloría, instituciones que alegaron que no había sustento.
Hubo una fuerte operativa del cartismo para su salida por ser una de las más fervientes opositoras. Incluso algunos senadores le propusieron hablar con Horacio Cartes en su residencia para poder salvarla de la pérdida de investidura, pero Kattya rechazó la propuesta.
El caso está en la Corte como una acción de inconstitucionalidad, pero es dilatado por los ministros. Igualmente, desde el cartismo ya adelantaron que en caso de una resolución favorable a la ex parlamentaria, que ordene que vuelva a su banca, no será acatada.
Los expulsados. Desde el 2017 hasta hoy fueron destituidos del Congreso y otros renunciaron por la inminente expulsión los senadores Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, Víctor Bogado, Dionisio Amarilla, Paraguayo Cubas, María Eugenia Bajac, Mirta Gusinky y Kattya González. En el caso del diputado José María Ibáñez, el 1 de agosto del 2018 la Cámara de Diputados rechazó el pedido de pérdida de investidura.
El colorado estaba acusado por el caso de los casero de oro, es decir, funcionarios que cobraban un salario en el Congreso, pero trabajaban de forma particular para el diputado.
