Así primero será juzgado por presunta extorsión contra Alberto Antebi, y luego será juzgado junto con su abogada Emma González Ramos, por el supuesto hurto de los cheques de un Juzgado. Con voto dividido, los camaristas José Waldir Servín y Cristóbal Cáceres, con la disidencia de Agustín Lovera Cañete, revocaron la decisión del 6 de marzo pasado de los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee. Es que en el caso, el juez Rolando Duarte, había elevado a juicio oral y público el caso de Ramón González Daher por supuesta extorsión contra Alberto Antebi.
Además, había sobreseído provisionalmente al encausado por los delitos de hurto agravado y quebrantamiento del depósito.
Con respecto a este hecho, fueron designados los jueces Ocampos, Fleitas y Weisensee para juzgar a RGD por la supuesta extorsión, donde había una querella adhesiva.
OTRA CAUSA. Sin embargo, después, la fiscalía amplío la imputación contra RGD por los citados delitos y contra su abogada Emma González Ramos, por obstrucción a la restitución de bienes.
Con ello, después, ya en la preliminar, el juez Duarte elevó el caso contra RGD por el hurto agravado y el quebrantamiento del depósito por la desaparición de los 471 cheques que eran evidencias en el juzgado de Delitos Económicos del magistrado Humberto Otazú. Además, también elevó a juicio oral la causa contra González Ramos.
Fue en este momento, en que los jueces dispusieron unir ambas causas y hacer un solo juicio oral. Esto fue apelado tanto por las defensas de RGD como de González Ramos, ya que entendieron que eran hechos distintos, y que violaban sus derechos.
Es que de tener que defenderse por supuesta extorsión, ahora tenían de defenderse también de la supuesta desaparición de los cheques, además de tener una querella en contra.
Fue así que las defensas apelaron la resolución ante el Tribunal de Apelación, que decidió en dos resoluciones. Una se dictó por la apelación de Emma González Ramos, que revocó la decisión.
Después, en otro fallo, revocaron la decisión con respecto a RGD. Los camaristas entendieron que la decisión del Tribunal de Sentencia fue infundada. Sin embargo, en mayoría votaron por revocar la decisión.
Por su parte, el voto en minoría entendió que la única solución era anular la resolución dictada por los jueces en la causa.
