Sin embargo, dicha adjudicación fue nuevamente impugnada por el consorcio fiscalizador Nippon Koei, que alegó anomalías en la evaluación que realizó la institución, según documentos al que accedió este diario.
Tras esta protesta, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) inició otra investigación y ordenó suspender el proceso como medida de prudencia administrativa, de acuerdo a la resolución 4.158 que firmó el director del ente, Pablo Seitz.
Por esta guerra de oferentes, que inició hace un año, la obra de USD 450 millones, que está a cargo del Consorcio Corredor Vial Bioceánico –integrado por la brasileña Queiroz Galvão SA y la paraguaya Ocho SA–, sigue sin fiscalización externa. Los trabajos son supervisados a medias por funcionarios del MOPC.
Recordemos que el MOPC ya reevaluó dos veces las ofertas de los consorcios participantes, por orden de DNCP, justamente por otras protestas que se dieron.
ANTECEDENTES. Vale señalar que ya en abril del año pasado, el MOPC realizó la apertura de ofertas de la licitación para la fiscalización del Corredor Bioceánico, durante la gestión del gobierno anterior.
La administración de Wiens se encargó de realizar la apertura de las propuestas económicas y evaluar tanto las ofertas técnicas y financieras, eliminando a siete de los once oferentes que se presentaron.
En este sentido, a comienzos de este año, el MOPC adjudicó el llamado en cuestión al consorcio fiscalizador Nippon Koei, que presentó una oferta de USD 9 millones –USD 1,5 millones más cara que la oferta más barata–, pero esta decisión fue anulada por Contrataciones, tras protestas.
Tras la intervención de la DNCP, el MOPC tuvo que reevaluar las ofertas de los cuatro grupos que pasaron la evaluación técnica, que son: Consorcio Control Bioceánico (USD 8,6 millones), consorcio fiscalizador Nippon Koei (USD 9 millones), consorcio R&Q y Consultora Guaraní SA (USD 7,5 millones) y Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU (USD 8,9 millones), donde resultó adjudicada la oferta más barata
NUEVA PROTESTA. Ahora, Nippon Koei, a través de su representante legal, el abogado Juan Pablo Miranda, alegó en la protesta presentada ante la DNCP, que el consorcio R&Q Ingeniería SA y Consultora Guaraní SA en la primera evaluación obtuvo un puntaje de 80,90, pero sorpresivamente en la nueva reevaluación obtuvo un puntaje de 91,80, 10,9 puntos más en comparación con la primera evaluación, “lo que en forma combinada con el monto ofertado por el mismo, hacía que obtuviera ajustadamente un puntaje superior como para ser adjudicada”. Pidió a la DNCP que ordene la reevaluación de los puntos cuestionados.
La DNCP inició otra investigación, tras una protesta que presentó el consorcio fiscalizador Nippon Koei, que insiste en fiscalizar la obra, pese a que presentó una oferta USD 1,5 millones más cara.
