La propuesta de venta de inmuebles había estado frenada por una acción judicial promovida por la sindicalista Gladys Esmilda Galeano, quien, según los denunciantes, actuó a título personal y no en representación del gremio al que pertenece. La jueza a cargo levantó recientemente la medida de impedimento, permitiendo avanzar con el proceso de subasta. “El objetivo es reactivar la Caja, volver a tener préstamos y beneficios sociales que hace tiempo perdimos. La venta es la única salida”, sostienen los jubilados Wilma Palacios, Gladys Silvero, Fidel Llorens y Carlos Planás, quienes también denunciaron las presuntas maniobras de Galeano para frenar la venta y favorecer a sus intereses personales.
En medio de estas denuncias, resurge la figura de Venancio Díaz, actual presidente de la Caja, quien fue auditado por la Fiscalía de Delitos Económicos y no fue hallado culpable de enriquecimiento ilícito, por lo que hoy cuenta con el respaldo de estos jubilados que consideran su gestión como “el mal menor”. “No venimos a hablar de elecciones. Apoyamos la subasta porque la Caja necesita recursos para sobrevivir. Si no vendemos, no hay préstamos ni beneficios. No podemos vivir solo de las transferencias municipales que no llegan desde hace meses”, indicaron.
