El Centro de Importadores del Paraguay y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) manifestaron su rechazo a la propuesta del Gobierno de establecer un límite temporal a las reservas de utilidades empresariales, lo que habilitaría la aplicación de una carga tributaria anticipada en el marco de la búsqueda de mayores ingresos fiscales. Ambos gremios coincidieron en que la iniciativa podría afectar la estabilidad financiera de las firmas y deteriorar el clima de negocios.
Desde el sector importador, Iván Dumot advirtió que la medida contradice declaraciones previas de las autoridades, que habían asegurado que no se incrementarían los impuestos. En ese sentido, consideró que se trata de un mecanismo indirecto para elevar la presión sobre las empresas formales. “Pareciera que estamos buscando artilugios para apretar aún más en la recaudación a aquellas empresas que están en el 100% de la formalidad”, afirmó.
Dumot explicó que la constitución de reservas empresariales responde a decisiones financieras legítimas, como planes de inversión, previsión de flujo de caja o cobertura de contingencias. Por ello, sostuvo que la propuesta podría convertirse en un “impuesto a la prudencia”, al penalizar prácticas responsables de gestión.
Asimismo, cuestionó el impacto recaudatorio de la iniciativa, al señalar que no se trata de un nuevo tributo, sino del adelanto de impuestos que eventualmente se pagarán cuando las utilidades sean distribuidas o capitalizadas. También alertó que las empresas podrían verse obligadas a repartir dividendos sin contar con la liquidez suficiente, lo que podría derivar en endeudamiento para cumplir con obligaciones fiscales.
El dirigente agregó que el contexto actual agrava los riesgos, con niveles elevados de endeudamiento, aumento de créditos en el sistema financiero, mayores índices de incobrabilidad y retrasos en pagos a proveedores del Estado. “No creemos que sea una medida favorable al mercado ni que genere una recaudación relevante, pero sí puede crear un problema financiero en el sector empresarial”, subrayó.
UIP. Por su parte, el presidente de la UIP, Enrique Duarte, calificó la propuesta como inoportuna y advirtió que envía una “señal equívoca” a la economía. Señaló a Monumental 1080 que si bien el sector privado acompaña medidas de transparencia y formalización, no puede respaldar iniciativas que incrementen la carga sobre los contribuyentes formales en el contexto actual.
Duarte recordó que la reforma tributaria impulsada en la década de 2000 buscaba ampliar la base de contribuyentes y combatir la evasión, objetivos que según indicó, el sector empresarial ha acompañado. Sin embargo, sostuvo que el Estado mantiene desafíos en materia de eficiencia del gasto. “En lugar de ordenar el gasto público, se vuelve a trasladar la carga al sector formal”, cuestionó.
El titular del gremio industrial también expresó preocupación por el cambio en el discurso oficial, que pasó de resaltar la estabilidad macroeconómica a hablar de una “economía de guerra”, lo que a su criterio, introduce incertidumbre en un momento clave para atraer inversiones.
En relación con las reservas, Duarte enfatizó que no constituyen mecanismos de evasión, sino herramientas fundamentales de gestión financiera. Explicó que funcionan como capital de trabajo, cobertura de riesgos y previsión ante escenarios económicos volátiles, además de respaldar utilidades contables que en muchos casos aún no han sido percibidas. Ambos coincidieron en que el foco de la política fiscal debería centrarse en combatir la evasión, donde existe un mayor potencial de recaudación, en lugar de aumentar la presión sobre el sector formal.
Contadores. La directora de Educación del Colegio de Contadores, Alba Talavera, cuestionó que se obligue a las empresas a pagar impuestos sobre utilidades no distribuidas efectivamente. “Si no tienen liquidez, tendrían que endeudarse para cumplir con el Fisco, lo que no tiene lógica y genera un cuello de botella financiero”, afirmó.
Asimismo, consideró que la iniciativa podría generar rechazo en el sector empresarial, que optaría por capitalizar utilidades antes que distribuirlas para evitar el pago del impuesto.
