Además, el organismo europeo introdujo algunas modificaciones, como la nueva categorización para países con riesgo nulo. Para estos, los envíos serán excluidos de la norma de referencia, reduciendo los controles y simplificando los procedimientos para sus operadores.
En Paraguay. El aplazamiento es celebrado por gremios productivos locales, que siempre sostuvieron que su pronta aplicación era de cumplimiento “imposible”.
“La postergación demuestra que es de cumplimiento imposible, que era el reclamo de los países afectados, más los reclamos de los propios operadores. Es un primer paso”, destacó Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
Con respecto a las modificaciones al reglamento, explicó que se trata de una nueva categoría que terminaría beneficiando solamente a los países de la UE. “Agregaron una categoría más para calificar el riesgo país, hay una cuarta categoría que ahora pusieron sin riesgo, donde posiblemente van a poner sus propios países. No es una cuestión ambiental esto, la falta de competitividad de la UE frente a los demás países es lo que está impulsando esto. Ojalá que reformulen esta ley”, apuntó a su vez.
Detalló que, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la UE presenta “ineficiencia y falta de competitividad” en el sector agropecuario frente a otros países.
“Pretenden revertir con su ley. La real distorsión a la competencia la genera la UE con miles de millones en subsidios agrícolas con su política agrícola común. La preocupación de la UE es la baja competitividad que tienen. Es un discurso para encubrir el proteccionismo puro y duro”, agregó.
Exportadores. Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), se pronunció en el mismo sentido y dijo que la prórroga muestra que lo que venían afirmando “tenía sentido realmente”. Sin embargo, dijo que aún seguirán expectantes a cómo se puedan dar las cosas de ahora en adelante.
“Nos da un tiempo para ver cómo sigue esta historia, sabemos que del lado europeo hay mucha preocupación por sus cadenas de abastecimiento y de la manera en que está previsto el reglamento realmente es muy complejo poder cumplir para lo que es el complejo soja, en lo que tiene que ver con la segregación física de productos”, afirmó.
Aceiteras. Igualmente, la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) emitió un texto en el que consideró que la decisión del Parlamento Europeo no debe paralizar los trabajos en cuanto a sistemas de trazabilidad. “Es una oportunidad para la puesta a punto del sistema de trazabilidad de la cadena de la soja nacional, que se viene desarrollando entre los gremios del sector privado para demostrar las buenas prácticas y la sostenibilidad que caracterizan a la producción agrícola y agroindustrial del país”, instó.
La norma 1115 entrará a regir el 1 de enero de 2026.
