En su texto, expresó su oposición al Decreto 1541 del Gobierno, que crea el equipo interinstitucional dirigido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) con miras a desarrollar un sistema de trazabilidad en el marco de las exigencias socioambientales.
“La CAP Regional Caaguazú repudia la actitud del Estado Paraguayo que sigue avanzando tal negociación a la espalda de los sacrificados productores, nos sentimos amenazados avasallados y pisoteados”, señala el gremio, por lo que exigió a la CAP central que se tomen medidas y recordó que no quieren que se les obligue a cumplir leyes foráneas.
¿RIESGO DE SOBERANÍA? Por su parte, el asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), el experto en temas ambientales Alfredo Molinas, sostuvo que el decreto del Ejecutivo “genera dudas” y constituye el “primer paso legal” para el establecimiento del Reglamento 1115 de la UE en el país, por lo que, desde el punto de vista técnico, considera que es una “entrega de la soberanía nacional”.
Ante esto, recomendó a todos los gremios productivos no participar ni formar parte de ningún trabajo hasta conocer clara y transparentemente sus alcances.
Héctor Cristaldo, de la UGP, señaló a ÚH que se encuentran realizando conversaciones con sus asociados para analizar el caso, mientras que Hugo Pastore, de la Capeco, indicó que se mantienen en la postura de que se establezca una alianza público-privada para la trazabilidad, aunque destacó la necesidad de que sea de adhesión voluntaria.
Enrique Duarte, de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), por su parte, dijo que el único camino para seguir en los mercados internacionales es adaptarse a las exigencias socioambientales de la UE.
