El proyecto citado pretende reglamentar el régimen de área aduanera especial, previsto en el Código Aduanero, con el fin de fomentar el turismo de compras para extranjeros no residentes en el país. La iniciativa ya ganó detractores entre grupos empresariales.
“En la práctica, (el proyecto) impediría a los ciudadanos poder dedicarse de manera lícita dentro de un régimen de igualdad de oportunidades; entonces, hay una cuestión constitucional”, refirió.
A tono con esta apreciación puntual, la propia CAP se explayó mediante un comunicado, expresando que cabría analizar si dicho proyecto no deviene inconstitucional, “por conculcar los principios de igualdad ante la ley y de libertad de concurrencia, al imposibilitar en la práctica dedicarse a la actividad económica lícita de preferencia dentro de un régimen de igualdad de oportunidades”.
controles. Un segundo aspecto analizado por el asesor jurídico tiene que ver con los eventuales controles que harán las autoridades pertinentes, con el fin de que se cumplan los cometidos de la intención de reglamentar el régimen.
“Nos preguntamos cuán efectivos serán esos controles en caso de que existan, sobre todo en torno a los bienes internalizados. No sabemos si estos realmente estarán ubicados o domiciliados en el lugar que serán registrados a nivel oficial, y cercanos a la actividad que ejercerán quienes los comercializarán”, sostuvo.
debilidades. El riesgo estará presente, de acuerdo con lo que también expresa el gremio citado, dadas las debilidades institucionales de los encargados de los controles. Por lo que hay peligro de que el objetivo del proyecto de Ley sea totalmente “desnaturalizado y que en definitiva productos que hayan ingresado al Paraguay bajo este régimen particular terminen en otros mercados locales, distorsionando de esa manera la competencia y la situación, ya de por sí muy difícil, de los actores formales”, apunta la Cámara de Anunciantes.
Siguiendo con la lógica, la CAP manifiesta entender la delicada situación de competitividad por la que atraviesa en especial la zona Este del Paraguay, pero sus miembros consideran que es el momento de buscar otras acciones y opciones posibles, que sean convenientes para todos y sostenibles en el tiempo; además de que generen armonía con los regímenes especiales de los países limítrofes.
Hay otros escenarios también estipulados por el doctor Aranda, como la revisión que deban hacer organismos como el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) sobre productos que ingresen al país y deban cumplir los requisitos fitosanitarios.
“Además, ya se tiene una Ley de zonas francas, que contempla la creación de un territorio al cual se le asigna o establece un régimen aduanero especial, pero creo que se podría desnaturalizar alegremente el criterio que se persigue con el objetivo de este proyecto de ley”, sostuvo el profesional.
La hipótesis de Aranda también descansa en la imposibilidad de saber si los compradores realmente serán los turistas extranjeros no residentes en el país, que siempre desarrollan compras en escenarios como Ciudad del Este u otras plazas asentadas en la frontera de Paraguay con los limítrofes.
Recordemos que el proyecto de Ley citado había sido presentado por los senadores Arnaldo Franco Echevarría, Zulma Gómez Cáceres, Enrique Bacchetta Chiriani, Juan Bartolomé Ramírez Brizuela, Abel Alcides González Ramírez y Georgia María Arrúa De Dolinsky, el 18 de diciembre pasado.
Entre otros aspectos, el proyecto establece una franja de territorio, que deberá extenderse a una distancia máxima de 15 kilómetros de la línea de frontera; además de exigir que los comercios con depósitos para mercaderías no deben tener una superficie menor a 25 metros cuadrados.
