El reciente otorgamiento del grado de inversión a Paraguay por parte de Standard & Poor’s constituye un hito relevante para la economía nacional, pero también abre un escenario que requiere análisis, responsabilidad y decisiones de fondo. Así lo sostiene Jorge Schreiner, economista y abogado, especialista en Política Monetaria y Crediticia, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada (IDPPS) y ex integrante del Directorio del Banco Central del Paraguay, quien advierte que el verdadero desafío comienza después del reconocimiento.
Schreiner explica que la calificación otorgada por Standard & Poor’s se enfoca, principalmente, en la capacidad de pago del emisor soberano. Desde esa lógica, el primer gran beneficiario del grado de inversión es el Estado paraguayo, que mejora su perfil crediticio en los mercados internacionales, con la posibilidad de acceder a financiamiento a tasas de interés más bajas y a plazos más extensos. Este efecto se traslada, en segundo término, a entidades financieras y empresas privadas que recurren al mercado externo, considerando que ningún emisor puede obtener una calificación superior a la del país donde opera.
En ese contexto, el especialista señala que el impacto más inmediato se dará en el ámbito de las inversiones financieras, particularmente en la compra de títulos valores y deuda soberana, así como en una mayor participación de inversionistas externos en el mercado local de capitales. No obstante, aclara que este avance no implica automáticamente una llegada masiva de inversiones productivas ni la radicación directa de capitales de largo plazo.
Al analizar los factores, destaca el crecimiento económico sostenido como el elemento central. Por un lado, una economía en expansión fortalece la capacidad de recaudación del Estado sin necesidad de aumentar impuestos; por otro, si el ritmo de endeudamiento es inferior al crecimiento del producto interno bruto, la carga de la deuda tiende a reducirse.
1,5 por ciento del PIB como déficit fiscal es la previsión de llegar en 2026, promesa de la actual administración.
