Los golpes de una mayoría en la Cámara de Diputados, usualmente provocados por las bancadas de la Asociación Nacional Republicana (ANR), en ocasiones aliadas con un sector liberal, son muestras de inseguridad jurídica y debilidad de las instituciones del Estado, coinciden varios referentes opositores.
La diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo explicó que las instituciones se debilitan con la irregular aplicación de las leyes, en referencia a la elección atemporal de representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
“Lo que ocurrió desde la sesión anterior es una violación legal de parte de una mayoría de un poder del Estado. Las instituciones lógicamente se debilitan por la mala aplicación de la ley y en este caso de quien las formula, incluso con la justificación de uno de los diputados diciendo que una reforma ya está en marcha y entonces está todo bien. Lamentable. La violación de las leyes hace a la inseguridad jurídica y a la violación del estado de derecho”, aseveró la legisladora.
Por su parte, la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González indicó que las agresiones a la Constitución Nacional hasta podrían afectar a las inversiones.
“Paraguay, cada vez que sus políticos agreden la Constitución Nacional, se queda sin inversiones serias, pues ningún inversionista nacional o extranjero arriesga su capital cuando ve que 41 personas se pueden poner de acuerdo y eso basta para derrumbar la seguridad jurídica”, apuntó González.
Para el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celso Kennedy, el caso degrada las instituciones del Estado. “Es grande la magnitud del problema que representa el caso, de violentar y degradar las instituciones del Estado hasta ese punto. La inseguridad jurídica de nuestro país, muy arraigada, por cierto, y de muy amplias consecuencias, incluye como soporte estos hechos de golpe a la institucionalidad”, reforzó el parlamentario.
La mayoría colorada, apoyada a veces por liberales, sobrepasa incluso pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que sentaron precedentes reponiendo en sus cargos a miembros del JEM removidos irregularmente, pero aún así, se repiten los hechos.
El más reciente es el caso del liberal Eusebio Alvarenga, quien luego de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, fue repuesto en su cargo.
Otro antecedente es el del ex diputado Julio Javier Ríos, también repuesto por la Corte, pero en el Consejo de la Magistratura.
Actualmente, existe una acción pendiente, la presentada por el colorado Ramón Romero Roa, reemplazado por el miembro cartista David Rivas, quien ni siquiera contaba con título de abogado.
