El SRS ofrece financiamiento a largo plazo a países que llevan a cabo reformas para preservar la estabilidad macroeconómica y sentar las bases para un crecimiento sostenible. En el caso de Paraguay, el programa permite acceder hasta a un 150% de su cuota como país miembro del FMI, un equivalente a alrededor de USD 400 millones.
Con el objetivo de seguir teniendo acceso a los recursos del SRS, los cuales están sujetos al cumplimiento de los requerimientos que se hacen a nuestro país, Paraguay debe concretar una amplia agenda de reformas que están incluidas dentro del proyecto de ley puesto a consideración del Congreso. Cabe recordar que el FMI ya ha puesto a consideración un monto equivalente a USD 100 millones, con base en las metas que ya fueron cumplidas por el país.
DETALLE. Las medidas planteadas por el Gobierno son variadas y van desde la adopción de enfoques ambientales en la inversión pública hasta la implementación de un impuesto al carbono, en sustitución del impuesto selectivo al consumo (ISC) sobre combustibles, según los detalles. También se habla de una “taxonomía verde” para identificar y clasificar las actividades económicas ambientalmente sostenibles, facilitando las inversiones.
A su vez, el Banco Central del Paraguay (BCP) adoptará medidas para evaluar y gestionar los riesgos financieros relacionados con el clima, y se promoverá la energía renovable no convencional a través de nuevas disposiciones reglamentarias. Por su parte, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) publicará auditorías externas y adoptará metodologías transparentes para adecuar las tarifas eléctricas, en línea con la ley que rige su funcionamiento.
Además, se implementarán estándares de eficiencia energética para los electrodomésticos de mayor consumo y se diseñará un plan para reducir las pérdidas de electricidad. También se prevé la promoción del transporte eléctrico, con infraestructura pública adicional para la carga de electricidad y objetivos para aumentar el porcentaje de buses eléctricos, entre otros. Desde el MEF aseguran que las propuestas no desviarán el objetivo de volver al déficit fiscal del 1,5% del PIB para 2026.
