De acuerdo con el escrito del Gobierno que dirige el demócrata Joe Biden, representantes del ex presidente republicano habrían mentido al indicar que todos los documentos clasificados que Trump se llevó consigo de la Casa Blanca habían sido devueltos, lo que habría justificado la orden de registro del pasado 8 de agosto.
El Departamento de Justicia acusa al equipo del ex mandatario de “obstruir” las pesquisas del Buró Federal de Investigación (FBI) y asegura que en el registro se hallaron más de 100 documentos clasificados que Trump no había entregado previamente a las autoridades.
El lunes, el Departamento de Justicia comunicó a la jueza que ya había completado la revisión de documentos que fueron extraídos durante el registro en la casa de Trump que posiblemente contengan información cubierta por el privilegio abogado-cliente.
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A través de una orden preliminar emitida el fin de semana, la jueza federal Aileen Cannon se mostró dispuesta a designar a un perito independiente que supervise el registro realizado el 8 de agosto por agentes del FBI en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en el sur de Florida, tal como ha solicitado el ex presidente.
La jueza citó a ambas partes a una audiencia el próximo jueves en una corte federal de West Palm Beach para tratar la demanda hecha por el ex presidente, quien solicitó la designación de un “maestro especial”, que es un perito independiente, para supervisar el caso del registro en su casa de Mar-a-Lago.
A través de su abogada Lindsey Halligan, Trump solicitó además un recibo más detallado de lo decomisado y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial que autorizó el registro, durante el cual el FBI recuperó documentos clasificados.
