El Enacom es la autoridad de aplicación en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual.
Los interventores deberán analizar las consecuencias de un decreto de 2020, que estableció que los servicios TIC, y el acceso a las redes de telecomunicaciones con esos fines son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, por lo que declaró internet, la telefonía móvil y fija y la televisión por cable como servicios públicos esenciales, asignándole al organismo la capacidad de regular los precios.
Los interventores deberán, además, revisar los procesos judiciales en los que la Enacom participe, ya que a partir de diciembre del 2020 el organismo habría adoptado decisiones que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales, lo que ha motivado numerosos conflictos judiciales y medidas contrarias a los actos administrativos emitidos.
La intervención también debe evaluar los fondos que redistribuyen los recursos provenientes del sector de la comunicación audiovisual y de las telecomunicaciones, determinar una reorganización funcional y operativa del organismo y planificar una actualización de la normativa, entre otras cuestiones.
El Enacom había llevado adelante en octubre pasado la subasta de las bandas de frecuencias para el despliegue, el desarrollo y la prestación del servicios de quinta generación (5G), proceso con el que recaudó unos 875 millones de dólares. Los adjudicatarios de la licitación fueron las principales operadoras de comunicaciones en Argentina –Claro (América Móvil), Movistar (Telefónica) y Personal (Telecom Argentina)–, que obtuvieron el uso de las frecuencias por 20 años.
DEROGAN 69 LEYES. Por otra parte, el Gobierno derogó este lunes 69 normas para disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio entre los ciudadanos ya que, según las nuevas autoridades, promovían un rol intervencionista del Estado.
“Estas regulaciones le complicaban la vida a través de controles y cuestiones burocráticas a parte del sector privado”, dijo presidencial, Manuel Adorni.
“El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarles tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria”, dijo el secretario de Comercio, Pablo Lavigne.
