“Hemos realizado la denuncia en los tribunales federales por los delitos de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales”, anunció ayer el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa matinal en la Casa Rosada (sede del Gobierno).
Según Adorni, las autoridades han identificado y denunciado a 32 personas pertenecientes a diferentes organizaciones sociales convocantes de la marcha contra el plan de choque económico del Gobierno. La causa ya está siendo tramitada en el juzgado federal N° 7 en lo Criminal y Correccional y está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal federal Gerardo Pollicita.
El caso surgió después de que el Gobierno habilitara días atrás una línea telefónica para tramitar denuncias de amenazas de dirigentes sociales contra beneficiarios de planes de asistencia, quienes supuestamente fueron obligados a participar en la protesta bajo la amenaza de no cobrar las ayudas si ni lo hacían.
La línea recibió 15.900 llamadas, de las cuales 1.100 “encuadraban con esa tipología” de delito, según las autoridades.
Además, serán cargados a las organizaciones sociales los costos del operativo de seguridad desplegado para controlar la protesta del miércoles, durante la cual unas 3.000 personas marcharon por el centro de la capital argentina para mostrar su rechazo a las políticas de ajuste y recorte del gasto público del Gobierno de Milei.
De acuerdo con un informe del Ministerio de Seguridad, se emplazará a 14 organizaciones sociales a pagar 60.000.000 de pesos (unos 74.557 dólares) por el dispositivo desplegado. La cifra a cobrar corresponde al consumo de combustible y el “promedio de horas/hombre” empleadas en el operativo, en el que intervinieron efectivos de la Policía federal y Gendarmería. “Esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales. Vamos a intimarlas para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía”, anunció Adorni.
Preguntado sobre la eventual convocatoria de un paro general por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT, sindicato peronista), el portavoz de la Presidencia puntualizó que para el Gobierno no es un “hecho cierto” que pueda existir un paro general de los principales sindicatos del país. El Ejecutivo mantiene abiertos “los canales de diálogo de manera permanente”, precisó.
PRIORIDADES. Tras conocerse en la noche del pasado miércoles el decreto de urgente necesidad (DNU) con el que el presidente Milei pretende sentar las bases para la reconstrucción de la economía argentina mediante la desregulación económica y la reversión del déficit fiscal, arrecian las voces de rechazo hacia el plan de estabilización, ya que las centrales obreras consideran que las medidas del Ejecutivo recortan derechos sociales y laborales.
La peronista Central General de Trabajadores (CGT), que hasta ahora se ha mantenido al margen de las movilizaciones, ha convocado una marcha para el miércoles 27 de diciembre en la que exigirá la derogación del decreto, que ha sido publicado en el boletín oficial, pero sin fecha de entrada en vigencia.
