Las actividades en Bolivia han retornando progresivamente a la normalidad el miércoles luego de que varios sectores levantaran un paro que duró nueve días tras la abrogación de la polémica Ley 1386, mientras organizaciones afines al Gobierno realizan algunas movilizaciones y cabildos.
La oriental Santa Cruz, la región boliviana que encabezó las protestas contra la anulada ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, decidió levantar las presiones, aunque se mantiene en “emergencia y en movilización permanente”.
Esa decisión no fue bien recibida por la Unión Juvenil Cruceñista, uno de los sectores cruceños más radicales contra el Gobierno que retuvieron y exigieron la renuncia del presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo.
El tránsito en las calles cruceñas y la actividad económica se ha restablecido gradualmente y tras el pronunciamiento del Comité Cívico de Santa Cruz que instruyó el “levantamiento del paro”.
Mientras que los cívicos de Potosí, otro de los focos más fuertes de las manifestaciones, tomarán una postura definitiva tras una reunión en la que también evaluarán otras demandas en torno a otras leyes cuestionadas y la reposición de los dos tercios de votación en los debates del Parlamento.
Entre tanto, en varias de las calles de Potosí es reducida la actividad de transporte y comercial.
En ciudades como la capital Sucre o Cochabamba algunos de los sectores que sostuvieron las jornadas de paro han anunciado evaluaciones y reuniones adelantando que si bien ya no habrán manifestaciones se mantendrán en “emergencia”. Con el presidente Luis Arce de viaje en Brasil, el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, promulgó una ley aprobada por el Congreso que anula la norma contra el blanqueo. La medida fue publicada en la Gaceta Oficial.
