La imputación fue realizada por el fiscal Federico Solano López. Por su parte, Lucas Barrios es abogado del ex funcionario de nombre Ismael Sosa Armoa, que tenía 20 años de antigüedad y aún así fue despedido.
El abogado Barrios explicó que el gobernador desobedeció una orden judicial que ordenaba la incorporación de Sosa, además ordenaba la suspensión de la resolución que lo destituyó y también la suspensión de los efectos de toda resolución de nombramientos posterior que se haya realizado en relación al rubro de Sosa.
“Todas esas resoluciones están ahora suspendidas, sin embargo, el gobernador siguió continuando con esas resoluciones y ocupando el rubro de Sosa que ya tenía que estar liberado por el mes de abril, mayo del año pasado. Tuvo suficiente tiempo para presupuestariamente ver y dejar libre el rubro, inclusive con el presupuesto del 2016. Sin embargo, todas esas órdenes del Tribunal de Cuentas de Ñeembucú no las cumplió y por esa razón se le imputó”, explicó el abogado Lucas Barrios en contacto con la radio 700 AM de la ciudad de Pilar.
Indicó que posteriormente se tendría que fijar audiencia ante el Juzgado, para ser oído como así también para la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
El fiscal Federico Solano López solicitó que quede a cargo del Juzgado para que aplique las medidas que sean necesarias.
Informó que la ley 4711/12 tiene una pena máxima de hasta 5 años, sin embargo, de acuerdo al Juzgado pueden ser aplicadas medidas alternativas a la prisión.
El fiscal del caso solicitó dos meses de tiempo para presentar una acusación contra el gobernador, durante ese periodo se producen unas que otras pruebas de rutina, indicó Barrios.
Otros seis funcionarios se encuentran en la misma situación, los mismos también fueron despedidos, todos cuentan con 14, 15 y hasta 25 años de antigüedad.
