El fiscal Arnaldo Giuzzio se constituyó ayer en la Cooperativa Universitaria (CU) para recoger documentos que evidencien la supuesta contratación de abogados del estudio jurídico Almada Royg y Asociados.
Esto se dio luego de que la Junta de Vigilancia haya presentado una denuncia ante el representante del Ministerio Público, en la que señala que el Consejo de Administración aprobó contratar a los letrados para defenderlos, pero en casos particulares.
La Fiscalía se incautó de una copia del Acta del Consejo de Administración, la orden de pago por la cual se dispuso el desembolso de la suma de dinero y también las facturas del profesional que va a prestar servicio.
Algunos miembros del Consejo están siendo investigados por la supuesta sobrefacturación de un contrato de alquiler de un local para la sucursal de la Cooperativa en San Ignacio, Misiones. En esa oportunidad se abonó en forma adelantada la suma de G. 1.234 millones, por 6 años de contrato.
En este caso la Fiscalía investiga por el presunto delito de lesión de confianza a los miembros del Consejo de Administración de la CU.
ACTUAL. La suma pagada a los abogados supera los 123 millones de guaraníes, afirmaron los denunciantes, según fuentes de la investigación.
Los abogados fueron contratados supuestamente para intervenir en los procesos judiciales personales de los miembros del Consejo, y no de la Cooperativa, afirma la Junta de Vigilancia.