Gestores se levantan por nueva disposición de presentar certificación de firmas ante escribanía para obtener documentos de terceros. Afirman que esto suma un costo de G. 150.000 a G. 250.000 a su gestión. El Registro Civil impuso a través de una resolución esta normativa.
El director del Registro Civil, Maximiliano Ayala, expuso una serie de irregularidades detectadas en la tramitación de documentos oficiales y detalló las nuevas disposiciones para mejorar la atención al ciudadano, agilizar los servicios y evitar fraudes cometidos por falsos gestores. Por su parte, gestores denuncian un atentado contra el ejercicio libre de su trabajo.
Según Ayala, el Registro Civil ofrece hoy servicios rápidos y ágiles que no requieren de gestores, bajando la espera a 10 minutos. Sin embargo, se contempla la posibilidad de que terceros puedan realizar trámites en representación del titular del documento, siempre que cuenten con la debida autorización legal, apuntó.
Con la nueva medida, un gestor necesita la certificación de firma del usuario por escribanía, este trámite puede tener un costo de hasta tres jornales mínimos, en tanto el Colegio de Escribanos promedia un costo de G. 253.020. Mientras que los aranceles básicos como la expedición de certificados (nacimiento, matrimonio, defunción, copias de actas), se mantienen en G. 25.000.
Algunos gestores afirman que el tiempo de entrega de 10 minutos, señalado por Ayala, solo aplica a documentos digitalizados. Trámites que implican copias de libros de actas pueden demorar entre 8 y 10 días, dependiendo de si los libros están disponibles o incluso en condiciones.
Costos de trámites se elevaron a precios irreales
Se estima que para trámites vinculados a juicios de nacionalidad o ciudadanía el extranjero, el costo total de un gestor puede variar entre G. 200.000 y 500.000 por grupo familiar. Este trabajo no se circunscribe solo a las gestiones ante el Registro Civil, sino que incluye actas, legalizaciones y traducciones legales, atendiendo al idioma del país donde se presenten. Principalmente, con respecto a los trámites en el Registro Civil, según relatan gestores, muchas veces se tiene que recurrir a los registros de origen.
Con la nueva disposición, hoy se tendría que sumar, por persona que integre el grupo familiar, la certificación de firmas que se realiza ante escribanía y cuyo costo rondaría entre G.150.000 a 250.000. Entonces, el trabajo que antes llegaba máximo a unos G. 500.000 por grupo familiar se elevaría por sobre el millón de guaraníes.
“Es una gestión compleja, preparamos carpetas con hasta con 60 documentos”, explica el gestor, quien en este momento no puede realizar su trabajo.
“Tengo trabajos ya tomados que hoy representan costos irreales, si tengo que realizar la certificación de firmas de cada uno de los miembros de la familia, estoy viendo la forma”, apunta el gestor.
Explica que en su gestión el margen no es amplio, ya que se trata de documentos para cada integrante de la familia y el seguimiento muchas veces a otros registros, así como el pago de una traducción oficial y más gestiones que hacen a lo requerido para juicios en el extranjero y gestión de nacionalidad.
“Tenenos que buscar a los parientes de toda la línea, realizar una investigación y buscar estos documentos”, explicó.
Sobre la atención y trabas en el ente público, apunta el gestor que los avances no son ciertos y que se debería ver principalmente la cantidad de errores que se cometen, inscripciones con nombres incorrectos que hasta propician juicios mucho más onerosos para los usuarios.
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Irregularidades detectadas y acciones adoptadas
Maximiliano Ayala relató que, en el marco de sus controles, se detectaron casos de documentos con firmas falsificadas, presentados por gestores que operaban ilegalmente. En una ocasión, se comprobó mediante video que una autorización había sido adulterada, ya que el titular del documento residía en España.
“Estos gestores operaban en complicidad con funcionarios. Se tomaban fotos del ciudadano, salían del edificio, y luego el gestor lo interceptaba para ofrecerle una solución, cobrando hasta G. 800.000 por documentos que oficialmente cuestan G. 25.000", señaló el director.
Entre las medidas adoptadas, se retiraron carnets falsos con logos institucionales que estos gestores utilizaban para aparentar ser funcionarios. Asimismo, se han iniciado sumarios administrativos y se han presentado denuncias por estafa, con al menos dos personas investigadas en conjunto con la Policía Nacional y asesoría jurídica.
