El trabajador de Senacsa Lorenzo Martínez aseguró que la orden judicial se realizó sin previo aviso y recién le notificaron de la existencia de la medida desde la Dirección de Recursos Humanos de la entidad en la cual presta servicios.
El documento está firmado por el juez de Paz de Mariano Roque Alonso, Carlos Bogado Cuéllar.
“La firma del pagaré no es mi firma y ni siquiera coincide con mi firma”, lamentó Martínez en contacto con NPY. Ya le descontaron la tercera cuota del préstamo que “nunca pidió”.
El afectado afirmó que fue hasta el supuesto local comercial, donde se percató de que no existe físicamente en la dirección que figura en el pagaré.
“Hasta el momento no pude ubicar el local comercial porque no existe en esa dirección, el número de teléfono no atiende y el otro número atiende una señora particular que dice que usurparon su número también”, expresó.
Martínez también habló personalmente con el juez de Paz de MRA, Carlos Bogado Cuéllar, quien le pidió que presente un escrito donde ratifique su denuncia, pero no tiene recursos económicos para pagar a un abogado para el trámite.
“Me apersoné en el Juzgado de Paz de MRA hablé con el señor juez y me pidió que llevara un escrito o algo, pero no tengo para pagar un abogado”, afirmó Martínez.
“Pedí ayuda en la asesoría legal de Senacsa, pero me dijeron que ellos ahí no pueden hacer nada, que no corresponde y que ellos están para cumplir con la orden judicial”, agregó.
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En publicaciones de años anteriores de Última Hora, la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco) había presentado denuncias formales contra casas comerciales ante el Ministerio Público por supuestamente otorgar préstamos de consumo a tasas usurarias y disfrazadas como venta de aparatos electrodomésticos. El nombre de una de las firmas coincide con la empresa denunciada por Lorenzo Martínez.
