Carlos Ernesto Torres Alarcón, quien figura como miembro del Tribunal en lo Civil y Comercial del Poder Judicial, junto con sus cuatro hijos, su esposa, nueras y yernos, son los más beneficiados en cargos públicos, especialmente en el departamento de Ñeembucú, como en otras zonas del país.
Según los datos aportados por algunos lectores, y verificados por periodistas de este diario, Torres Alarcón, siendo funcionario del Poder Judicial, percibe un ingreso de 17.258.435 guaraníes, entre salario, bonificaciones y gratificaciones.
Su esposa, Dolly Mabel Armoa Fleitas, funcionaria del Ministerio Público desde marzo del 2008, se desempeña como asistente fiscal en Capiatá, con un salario mensual de G. 4.882.599. Este última esta nombrada mientras que el primero figura como funcionario permanente.
Hijos, nueras y yernos
Federico Daniel Torres Tavarelli, uno de los hijos de Torres Alarcón, se desempeña como agente fiscal nombrado en Ciudad del Este, percibiendo un salario de G. 11.808.666.
Su esposa, María Cristina Acevedo Torres, es funcionaria del Poder Judicial con un cargo de asistente administrativo en la sede de la capital y un salario neto de G. 4.081.385.
Otro de los hijos es Carlos Leandro Torres Tavarelli, relator del Ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Torres Tavarelli percibe un salario de G. 10.647.535, y en la nómina especifica el rango de su contratación es permanente, al igual que su padre y su cuñada María Cristina.
Por su parte, la ex esposa de éste, María Graciela Rivas Delfino, ocupa el cargo de asistente social en la sede del Poder Judicial de la ciudad de Pilar, con un sueldo de G. 4.539.335, también como contratada permanente.
La ex cuñada de Rivas, María Del Pilar Torres Tavarelli, y su esposo, Carlos Giuliano Lezcano Ocampo, desempeñan funciones en la misma institución, la primera está nombrada como asistente fiscal y gana G. 4.882.599, mientras que el segundo percibe G. 2.298.770 como ujier notificador y con contratación permanente.
En total, la familia Torres-Taverelli “mama” del Estado la suma de G. 60.399.324.
La ciudadanía denuncia
