Una denuncia penal fue presentada contra el presidente del Congreso, Basilio Núñez, por supuesta lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios, ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
La denuncia fue formulada por el abogado y funcionario del Congreso Francisco Rubén Penayo Almada, quien en el escrito señala la existencia de tres hechos. El primero habla de contrataciones y nombramientos masivos en el Senado y Congreso, ligados solo a la militancia partidaria. Indica que unas 300 personas fueron contratadas y nombradas desde su presidencia.
Como segundo factor, Penayo cuestiona la “idoneidad”, ya que las designaciones y aumentos salariales “se habrían realizado, presuntamente, omitiendo los procesos de admisión que garanticen la igualdad de oportunidades y la idoneidad, tales como los concursos públicos de oposición o concursos internos de oposición”. Indica que se priorizó la lealtad política a la capacidad técnica.
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Por último, apunta a los sobresueldos, como se observa en el detalle del presupuesto, donde Bachi “recibió montos mensuales en concepto de bonificaciones que ascienden a G. 21.100.950, adicionales a su dieta legislativa. Esta suma excede la remuneración percibida por el presidente de la República, lo que quebraría la jerarquía salarial del Estado y la razonabilidad del gasto público”.
Meses atrás, Penayo denunció que arbitrariamente fue degradado de categoría salarial y expuso los entretelones que rodean a la institución al momento de contratar funcionarios que no poseen idoneidad para estar en el cargo.
