Miguel Crispín Benítez, quien es denunciante de un caso por supuesta coacción sexual, hizo la denuncia contra Cabral, por tráfico de influencias. Cabral le habría pedido dinero para distribuir G. 30 millones para la fiscala Perla Cáceres y G. 3 millones para el asistente fiscal Fredy González, y así ayudarle con la imputación que quería.
El fiscal Osmar Legal, quien lideró el procedimiento, explicó que el señor ya había hecho supuestamente entrega de G. 10 millones a la funcionaria, que sería para la sicóloga del Ministerio Público, para que salga positivo un informe necesario para la imputación, “pero la sicóloga no estaba en conocimiento”, detalló el interviniente.
Benítez, según la denuncia, ya le habría entregado antes el monto de G. 13 millones como parte del dinero total presuntamente solicitado.
“Posteriormente, la víctima se fue a hablar con el asistente fiscal y ahí le dijeron que evidentemente ellos nunca pidieron ningún monto de dinero. Después se apersona primero la fiscala y el asistente y hacen la denuncia en la unidad y posteriormente se adhiere este señor”, dijo el fiscal de Anticorrupción.
VIGILADA. Ahí inició el montaje del operativo con una entrega custodiada. “Hicimos una entrega vigilada de G. 15 millones, siendo esta en realidad una suma menor a la que solicitó, pero es el monto que dispusimos por motivo de seguridad; y se realizó la entrega, se realizaron las grabaciones y se le detuvo en flagrancia (a la funcionaria), cuando ella se estaba bajando del vehículo del señor con el dinero en la mano”, explicó Legal.
Adelantó que posteriormente se va a tomar decisión de la imputación y va a ser puesta a disposición del Juzgado de Garantías de Asunción. La mujer fue detenida y trasladada a la Comisaría de Mujeres de Asunción y luego será puesta a disposición del Juzgado.
Si bien es la primera denuncia penal en la unidad, todavía no se conoce si la mujer tendría ya antecedentes de hechos similares, algo que debe confirmar el Juzgado.
NO ES EXTORSIÓN. El fiscal Legal aclaró que no reúne los requisitos para procesarla por extorsión, porque este tipo penal exige que sea mediante fuerza o amenaza considerable, y que en esta ocasión no hubo una amenaza, sino fue una mediación.
“En este caso el tráfico de influencias es por una modalidad agravante, porque es para mediar ante un fiscal, entonces la mujer se expone a cinco años de cárcel”, finalizó.