Esta normativa se incluirá en una nueva ley sobre contenidos audiovisuales que prepara el Ejecutivo galo y que ha sido defendida por la ministra como “revolucionaria”.
A cambio de la inversión, en contenidos franceses o europeos, las plataformas tendrán un régimen más flexible para poder programar películas que acaben de salir en salas de cine en un plazo más corto del fijado actualmente, de 36 meses.
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“Si no hay un acuerdo, el Estado asumirá sus responsabilidades. Nos preocupamos de que haya un tratamiento justo entre plataformas y cadenas de televisión tradicionales”, apuntó Bachelot en el diario económico.
El estudio de la nueva reforma del sector audiovisual del Gobierno galo ha sido suspendido por la crisis sanitaria, pero Bachelot indicó que espera que muchas de estas medidas se empiecen a aplicar ya en 2021.
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Bachelot comparó la importancia de esta medida con la ley sobre la venta de libros de 1981, que, para proteger a los pequeños libreros ante la expansión de las grandes superficies, fijó un precio único en todo el país con una posibilidad de descuento máxima del 5%.
