EFE
Esa medida, según un comunicado de la ministra de Ultramar, George Pau-Langevin, se justifica “por una necesidad de coherencia y de refuerzo del dispositivo de seguridad, en un momento en que el estado de emergencia se contempla a largo plazo y se prolongará tres meses mediante una ley sometida al Parlamento”.
En concreto, el cambio se aplica a Guadalupe, Guayana, Martinica, Mayotte, La Reunión, Saint Barthelemy y Saint Martin, pero en sus territorios del Pacífico y en Saint-Pierre-et-Miquelon, “por sus especificidades geográficas”, se mantiene el plan antiterrorista Vigipirate en su nivel reforzado.
El estado de emergencia, de 12 días de duración, permite a las autoridades civiles, entre otros puntos, prohibir la circulación de personas y establecer zonas de seguridad, vetar manifestaciones, ordenar la entrega de armas o de municiones o registrar domicilios “de día como de noche”.
El actual texto, en vigor desde 1955, establece que puede declararse en todo el territorio o en parte en caso de peligro “inminente” por alteraciones graves contra el orden público, ante acontecimientos que por su naturaleza o gravedad “puedan presentar un carácter de calamidad pública”.
En el territorio metropolitano, tenía efecto desde el pasado sábado a las 00.00 hora local (23.00 GMT del viernes) y afectaba también a Córcega.
