La Cámara de Diputados aplazó por el término de una semana el estudio del proyecto de ley “por el cual se declara en situación de emergencia los establecimientos penitenciarios del país” planteado por el Ejecutivo, pese al intenso lobby del propio vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, quienes se apersonaron hasta el Congreso para conseguir el apoyo parlamentario.
Los legisladores coincidieron que existe una crítica situación en las diferentes penitenciarías del país, con elevada inseguridad, hacinamiento y un alto índice de reclusos sin condenas.
Sin embargo, decidieron postergar su estudio, teniendo en cuenta que su aprobación conlleva la participación de las Fuerzas Militares y “un cheque en blanco” para el Gobierno en todo el tiempo que dure la emergencia, según legisladores, principalmente, de la oposición.
El documento presentado por la diputada Jazmín Narváez se sustenta en los últimos acontecimientos ocurridos en la cárcel de San Pedro, donde tras un motín fallecieron diez reclusos.
“Postergamos tratamiento ante la duda que genera, principalmente en cuanto a la financiación, ya que autoriza a entidades previsionales a financiar obras y servicios”, explicó el diputado liberal Édgar Acosta. El diputado Édgar Ortiz criticó que no se le haya dado curso a un proyecto similar que había presentado hace ya algunos meses. Indicó que es necesaria la aprobación, pero que, penosamente, no se le dio la importancia debida.
“No se puede tener tanta gente imputada y no condenada; es responsabilidad de este Congreso darle la libertad al Ejecutivo para paliar la situación”, sostuvo.
Los congresistas Rocío Vallejo y Sebastián García lamentaron que la propuesta del Gobierno sea una solución “parche”. Vallejo indicó que este proyecto será un cheque en blanco puesto que escapará del control del uso de los recursos.
